Un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó vinculación a proceso en contra de Juan Jesús “N”, vigilante del edificio ubicado en Avenida Revolución 829, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar. Durante la audiencia celebrada este miércoles en las salas orales de la alcaldía Cuauhtémoc, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras transcurren los tres meses fijados para la investigación complementaria.
El caso de Edith Guadalupe, de 21 años, no solo ha conmocionado a la sociedad capitalina por la brutalidad del crimen, sino que ha destapado una alarmante cadena de negligencia, omisiones e indolencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), revictimizando a la familia y evidenciando las fallas estructurales en los protocolos de búsqueda.
La negligencia institucional: 15 horas perdidas
El asesinato de Edith Guadalupe expone las fisuras mortales del sistema de justicia. Bertha María Alcalde Luján, titular de la FGJ-CDMX, admitió públicamente que existió un retraso injustificable de 15 horas en la actuación de las autoridades.
De acuerdo con la cronología oficial, la madrugada del 16 de abril, a las 4:25 a.m., la madre de Edith acudió a denunciar la desaparición y proporcionó la dirección exacta (Avenida Revolución 829) como el último punto al que su hija se dirigió para una supuesta entrevista de trabajo que contactó por redes sociales. Inexplicablemente, la Policía de Investigación (PDI) ignoró esta información vital.
Peor aún, los familiares denunciaron que el personal de la Fiscalía se negó a iniciar la búsqueda bajo el obsoleto y erróneo argumento de que «por protocolo debían esperar 72 horas». Fue únicamente la presión social ejercida por la familia, al bloquear la Avenida Revolución, lo que obligó a las autoridades a realizar la inspección el 17 de abril, donde hallaron el cuerpo de la joven en el sótano, embolsado y oculto bajo un montículo de arena. Este fatal retraso se suma a una estadística desgarradora de impunidad nacional, donde 93 de cada 100 delitos no son resueltos.
📝La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N” por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe, joven de 21 años, por hechos ocurridos el 15 de abril de 2026 en un inmueble en la alcaldía Benito Juárez.
La imputación se sustentó en datos de… pic.twitter.com/y6j1245Ps4
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026
La teoría de la Fiscalía: control y manipulación de la escena
Según la carpeta de investigación, Juan Jesús “N” tenía control total de los accesos vehiculares, peatonales y del sistema de videovigilancia del inmueble de la colonia Nonoalco. El Ministerio Público sostiene que el vigilante desconectó intencionalmente las cámaras en cuatro ocasiones; la primera de ellas entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, lapso en el que presuntamente ocurrió el ataque dentro de la misma caseta de seguridad.
Las autoridades capitalinas presentaron como datos de prueba el hallazgo de rastros de sangre en el tapanco y la escalera de la caseta, así como un desarmador que coincide con las lesiones punzocortantes que privaron de la vida a la víctima. Además, se localizó la cartera de Edith en el baño del vigilante, su celular oculto en el cableado del edificio y prendas masculinas con manchas hemáticas. El reporte médico oficial también señala que el imputado presentaba escoriaciones en las manos, compatibles con maniobras de defensa de la víctima.
Defensa alega tortura y pruebas «sembradas»
Por su parte, el caso se perfila hacia una intensa batalla legal. Julián González, abogado defensor de Juan Jesús “N”, acusó que el juez no permitió debatir adecuadamente las pruebas de la Fiscalía y anunció que tramitarán un amparo contra la prisión preventiva.
La defensa argumenta una presunta fabricación de culpables. Sostienen que el vigilante no tenía acceso a las contraseñas del circuito cerrado de televisión y que las desconexiones obedecen a fallas del sistema. Además, el médico forense de la defensa, Salvador Martínez, contradijo la versión oficial al señalar que el arma homicida fue un cuchillo, no un desarmador, y argumentó que los fenómenos cadavéricos y las manchas de sangre no coinciden con la línea de tiempo de 38 horas establecida por la FGJ-CDMX.
Mientras la audiencia se desarrollaba, familiares del imputado se manifestaron a las afueras de los juzgados defendiendo su inocencia. Acusaron que Juan Jesús “N” fue incomunicado, golpeado y torturado durante su detención inicial para forzar una confesión.
La resolución de este caso apenas comienza, pero ya deja una marca indeleble sobre la crisis de procuración de justicia en la capital del país, donde la burocracia y la inacción cuestan vidas.
Redactado por: Oralia Galindo