El descaro judicial parece haber encontrado un nuevo rostro en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, el «Altiplano». El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, principal señalado de orquestar el mayor escándalo de corrupción y daño al erario público en años recientes, ha decidido cambiar su papel de presunto líder criminal por el de víctima del sistema.
A través de una cuarta carta enviada a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el ex alto mando de la Secretaría de Marina (Semar) exige la intervención del Ejecutivo federal, quejándose de que se violan sus derechos humanos, su debido proceso y de que su familia se ha quedado sin seguro médico y sin sus «emolumentos» tras ser dado de baja de la institución.
Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 junto con otras 13 personas en el golpe más contundente contra la corrupción del actual gobierno. Las autoridades lo acusan de encabezar, junto a su hermano Fernando (actualmente prófugo), la red conocida como «Los Primos». Este grupo delictivo se dedicaba al huachicol fiscal: la introducción ilegal de millones de litros de combustible desde Estados Unidos transportados en buques y etiquetados como «aditivos» para evadir impuestos. Se calcula que esta operación ilícita mermó las arcas nacionales y benefició a la trama con al menos 3 mil millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
EXVICEALMIRANTE EN PRISIÓN PIDE INTERVENCIÓN DE SHEINBAUM POR HUACHICOL FISCAL
Manuel Lobato Farias Laguna, vicealmirante con 33 años de servicio en la Armada de México, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones al debido proceso en su caso.… pic.twitter.com/Ke8p4rIlDC
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 15, 2026
A pesar del colosal daño financiero infligido al Estado mexicano, en su misiva fechada el 13 de abril, el marino —quien además es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán— acusa estar en un «completo estado de indefensión». Argumenta que la Semar utiliza tácticas dilatorias y se niega a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) información clave solicitada por su abogado, Epigmenio Mendieta, desde noviembre pasado, escudándose en que su divulgación representaría un riesgo para la «seguridad nacional».
Resulta paradójico que quien es acusado de vulnerar los controles fiscales, aduaneros y de seguridad del país, hoy reproche que la Marina actúe de manera «arbitraria» al negarle documentos y al haberlo destituido en diciembre de 2025. En su carta, Farías Laguna se queja amargamente de que esta baja privó a sus hijas del servicio médico naval y a él de su sueldo, omitiendo por completo los monumentales ingresos ilícitos que la FGR le imputa por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos bajo la causa penal 325/2025.
Si bien a mediados de marzo una jueza federal autorizó reabrir la investigación complementaria por tres meses para permitir a la defensa revisar el expediente, el intento del exmando naval por politizar su caso y buscar el auxilio presidencial evidencia una clara estrategia: victimizarse públicamente para desviar la atención del profundo daño patrimonial que sus operaciones causaron a la nación.
Esta nota fue elaborada con información y reportes de Juan Carlos Espinosa (El País), Gustavo Castillo y César Arellano (La Jornada), Diana Lastiri (Proceso), René Cruz (MVS Noticias), Ale Huitron (Infobae), El Financiero, Animal Político y Rubén Mosso (Milenio).