La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, modificó la orden original que prohibía a cualquier institución financiera realizar operaciones con CIBanco, abriendo una excepción para permitir las transferencias de fondos que sean «inherentes y necesarias» para que el Gobierno de México liquide la institución.
La enmienda, que se oficializa este jueves 16 de abril en el Registro Federal estadounidense, flexibiliza la dura sanción impuesta en junio de 2025. En un comunicado, el Tesoro estadounidense destacó que esta resolución subraya el compromiso compartido entre Estados Unidos y México para proteger los sistemas financieros y facilitar el cierre definitivo del banco mexicano.
El IPAB toma el control de los recursos
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de la liquidación voluntaria de la entidad desde octubre de 2025, explicó que la medida de la FinCEN es una excepción acotada. Su único fin es permitir la recuperación de recursos para que sean incorporados al proceso de liquidación y se destinen al pago de las deudas y obligaciones de CIBanco con sus ahorradores.
El IPAB fue enfático al señalar que esta autorización temporal no implica ninguna modificación a la situación jurisdiccional actual del banco, el cual dejó de operar como institución de banca múltiple tras la revocación de su licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para evitar contagios en el sistema financiero, el Gobierno mexicano ya había supervisado la venta de los principales activos de la institución: la división fiduciaria fue transferida a Banco Multiva, mientras que la cartera de crédito automotriz fue adquirida por BanCoppel.
2026-07416El origen del conflicto y la postura de México
La crisis de CIBanco se detonó a mediados del año pasado cuando la FinCEN lo clasificó como una institución de «preocupación primordial» por lavado de dinero. Washington acusó al banco de prestar servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opiáceos y fentanilo para cárteles mexicanos, nombrando específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Golfo y a la Organización Beltrán Leyva.
CIBanco negó rotundamente los señalamientos e incluso intentó demandar al gobierno estadounidense, aunque retiró la querella días después.
Por su parte, el Gobierno de México ha mantenido que no existen elementos para proceder penalmente en el país. En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni la Secretaría de Hacienda (SHCP) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontraron pruebas de vínculos con la delincuencia organizada. Además, señaló que la información compartida por Estados Unidos fue insuficiente para que las autoridades mexicanas sustentaran una denuncia penal, atribuyendo la caída del banco a problemas administrativos internos.
El IPAB continuará supervisando la distribución de los remanentes para garantizar que la «muerte institucional» de CIBanco se lleve a cabo de manera transparente y apegada al marco legal, sin generar riesgos de lavado de dinero para ninguno de los dos países.