El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 84 votos a favor y 28 en contra, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El dictamen, que fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación, crea un ordenamiento de 141 artículos diseñado para regular los mecanismos de financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica (como energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua), mediante la participación de los sectores público, privado y social.
La nueva legislación, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que los esquemas de inversión y contratación se regirán por los principios de rectoría del Estado, buscando velar por la estabilidad de las finanzas públicas.
Nuevas figuras y controles
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentra la creación de los “Vehículos de Propósito Específico”, figuras jurídicas y financieras (fideicomisos públicos o privados, mandatos o sociedades) que facilitarán la canalización de recursos y la coordinación con el sector privado y social.
Asimismo, se instaura el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura. Este órgano consultivo, presidido por el titular del Ejecutivo Federal y conformado por 12 dependencias, definirá prioridades de inversión a largo plazo y emitirá lineamientos de coordinación.
Un aspecto central de las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto es que la Secretaría de Hacienda podrá autorizar a las dependencias iniciar procedimientos de contratación sin contar de manera previa con la suficiencia presupuestaria, previendo los compromisos de gasto en los proyectos de Presupuesto de Egresos futuros, permitiendo contratos de hasta 40 años.
Senadoras y senadores aprobaron crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, ordenamiento que busca regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura… pic.twitter.com/utycQsnare
— Senado de México (@senadomexicano) April 7, 2026
El debate: «Desarrollo» vs «Endeudamiento y riesgo»
Para el bloque mayoritario de Morena y aliados, la ley representa un avance necesario. Homero Davis Castro (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, subrayó que dota al Estado de un marco jurídico moderno para atraer inversión y generar empleo. Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) argumentó que la ley «corrige experiencias pasadas» de proyectos abandonados y pasivos ocultos, dando conducción pública a la inversión. Nora Ruvalcaba (Morena) estimó que esta legislación permitirá detonar inversiones por 5.6 billones de pesos durante este sexenio.
En contraste, la oposición fue contundente en su rechazo. Legisladores del PAN y del PRI calificaron la medida como un mecanismo que fomentará el amiguismo, la discrecionalidad y el endeudamiento.
Raymundo Bolaños (PAN) y Rolando Rodrigo Zapata Bello (PRI) advirtieron que iniciar contrataciones sin suficiencia presupuestaria rompe el principio de responsabilidad hacendaria y compromete las finanzas de futuras generaciones. Imelda Sanmiguel (PAN) calificó la ley como un «manual burdo de cómo ser discrecional» y una «licencia para robar» sin controles de transparencia, cuestionando que Morena ahora recurra a esquemas similares a los fideicomisos que antes criticó.
Por su parte, Claudia Anaya (PRI) centró sus críticas en el uso de los fondos de ahorro para el retiro. «Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva (…) eso es lo que está aprobando la izquierda de este país», acusó, señalando que el límite regulatorio permite invertir hasta el 30% de estos recursos en infraestructura.