El diagnóstico internacional sobre la crisis de derechos humanos en el país ha abierto una profunda grieta diplomática e institucional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) han protagonizado un intenso intercambio de posturas tras un informe que sugiere que en el país se cometen desapariciones forzadas a un nivel equiparable a crímenes de lesa humanidad.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria intentó desestimar las conclusiones del grupo de expertos, argumentando fallas técnicas, metodológicas y una visión sesgada que, a su juicio, ignora los esfuerzos de la actual administración. Sin embargo, en medio del cruce de declaraciones, cifras extrapoladas y tecnicismos jurídicos, hay un factor que defensores de derechos humanos y colectivos de búsqueda exigen no perder de vista: NO IMPORTA QUIÉN TIENE LA RAZÓN, SINO LA CRISIS DE PERSONAS DESAPARECIDAS.
Los argumentos de Palacio Nacional
La ofensiva del Ejecutivo contra el documento de la ONU se ha cimentado en cuestionar la base de datos utilizada por los expertos. Sheinbaum puntualizó que el estudio del CED tomó como referencia principal los años 2009 a 2017 —periodo que abarca los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, marcados por la llamada guerra contra el narcotráfico— y se centró en apenas cuatro de las 32 entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
“Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025”, criticó la presidenta, añadiendo que «ya nada más con eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis». Asimismo, la mandataria argumentó que el CED «queda fuera de la caracterización» internacional del delito, pues aseguró que el Estado mexicano en la actualidad no tolera, permite ni utiliza la desaparición como mecanismo de control político contra sus ciudadanos.
A este rechazo se han sumado diversas dependencias. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el informe de «tendencioso y falto de rigor jurídico», mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó al gobierno federal. Sheinbaum también lamentó que la ONU haya ignorado la extensa documentación enviada por México, la cual detallaba avances en la legislación, la creación de instituciones de búsqueda y el trabajo colaborativo con los colectivos de familiares.
La ONU responde: «La descalificación es cuestionable»
La respuesta desde el ámbito internacional no se hizo esperar. Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del CED, utilizó sus canales oficiales para emitir una réplica fundamentada y dirigida a aclarar las imprecisiones discursivas del gobierno mexicano.
En primer lugar, corrigió a la mandataria al confirmar que los órganos de tratado sí forman parte integral del Sistema de las Naciones Unidas, actuando de manera independiente pero no al margen de la organización. Sobre la temporalidad de los datos, Albán fue tajante: el análisis no se limita a un periodo cerrado del pasado, sino que examina la evolución del problema hasta la actualidad, producto de interacciones ininterrumpidas con el Estado mexicano desde 2012.
Para sostener la gravedad de su resolución, el experto recordó que las cifras provienen de fuentes oficiales mexicanas: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba más de 132 mil 400 personas desaparecidas hasta el 19 de febrero de 2026. A esto se suma una crisis forense sin precedentes, con aproximadamente 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento alarmante frente a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, sentenció Albán, haciendo un llamado a preservar el respeto institucional y a no politizar un tema de estricto derecho humano. Explicó que la activación del artículo 34 de la Convención Internacional obedece a indicios «bien fundados» de un problema generalizado, lo que obliga al organismo a elevar el caso de manera urgente al máximo órgano deliberante: la Asamblea General de la ONU.
SHEINBAUM DESCALIFICA INFORME SOBRE DESAPARICIONES
Claudia Sheinbaum afirmó que no es un comité de la ONU, sino de expertos vinculados. Rechazó el informe sobre desaparición forzada al basarse en casos de cuatro estados entre 2009 y 2017. pic.twitter.com/esp6BGlWeC
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 6, 2026
La verdadera tragedia fuera de las oficinas
Más allá de la tensión diplomática, el núcleo del informe toca una herida abierta en la sociedad mexicana. El debate sobre si la responsabilidad recae en administraciones pasadas o presentes resulta secundario frente a la magnitud del dolor de miles de familias. NO IMPORTA QUIÉN TIENE LA RAZÓN, SINO LA CRISIS DE PERSONAS DESAPARECIDAS que se ha convertido en una herencia maldita que se perpetúa día a día.
Mientras el gobierno defiende que sus estrategias están funcionando y desestima el nivel de colusión entre autoridades locales y crimen organizado señalado por la ONU, el país acumula el 38% de las acciones urgentes por desaparición forzada a nivel global (819 solicitudes entre 2012 y 2026).
La presidenta Sheinbaum concluyó asegurando que su administración mantendrá una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para exponer por qué rechazan el documento, reiterando su solidaridad con las madres y padres buscadores. Sin embargo, para las familias que escarban la tierra en busca de sus seres queridos, la discusión burocrática y metodológica ofrece poco consuelo frente al vacío y la impunidad que impera en el país.
Créditos y Fuentes Consultadas para la elaboración de esta nota: Elaborado a partir de los reportes y textos de Juan Carlos Espinosa (El País), Gloria Leticia Díaz (Proceso), Sugeyry Romina Gándara (Sin Embargo), Eduardo Dina y Salvador Corona (El Universal), Agencia EFE (El Financiero), Agencia AFP y Charlotte Causit (AFP / El Economista), Canal Once Digital, Nación 321, Daniela Simón y Alejandra Ortiz (El Universal), Itzallana López Castillo (Infobae), y Alexia Villaseñor y Emir Olivares (La Jornada).