Bajo la promesa de dar «paso a la modernidad», el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, ordenó la demolición de fincas con más de 100 años de antigüedad para construir una nueva torre administrativa. Sin embargo, el proyecto fue frenado en seco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que clausuró las obras y advirtió sobre severas sanciones por la destrucción del patrimonio cultural.
❌ Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenaron la suspensión de las obras de la torre administrativa anunciada por el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, tras la demolición de un edificio histórico sin autorización.… pic.twitter.com/lerSp3GRYc
— El Horizonte (@ElHorizontemx) March 30, 2026
La controversia estalló luego de que el propio edil presumiera en sus redes sociales, el pasado viernes 27 de marzo, la demolición de la emblemática “Casa de Doña Coquito”, una estructura de adobe ubicada en el cruce de las calles Porfirio Díaz y José María Morelos, en el casco municipal. La intención de la obra era centralizar dependencias locales y estatales, como Control Vehicular y Registro Civil.
La intervención federal y la clausura
Tras enterarse del hecho a través de plataformas digitales, el INAH Nuevo León movilizó a su personal jurídico y técnico. Cuatro elementos de la dependencia federal arribaron al lugar, documentaron los escombros y, tras reunirse en privado con el alcalde, procedieron a colocar los sellos de suspensión de obra en el predio.
Martha Elda Avalos Salazar, directora del INAH en el estado, condenó tajantemente la acción y señaló que el ayuntamiento violó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. La funcionaria calificó como «lamentable» que una autoridad utilice recursos públicos para destruir inmuebles históricos en un municipio fundado en el siglo XVI.
«Mala interpretación de la ley»: la defensa del alcalde
Ante la suspensión, el alcalde Francisco Esquivel justificó la demolición asegurando que su equipo jurídico revisó el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde aparecen 14 propiedades protegidas en Pesquería, y la casona derrumbada no figuraba en dicha lista.
“Nosotros hicimos lo pertinente (…) Hay una mala interpretación en la ley que nosotros chocamos, vamos a revisar lo que ellos dicen, vamos a tener la audiencia y ver el acuerdo para llegar a poder hacer el proyecto”, declaró el munícipe de Movimiento Ciudadano.
En respuesta, Fernando Toba Garza, jefe de Trámites y Servicios Legales del INAH, aclaró que un inmueble está protegido por ley si cuenta con características arquitectónicas y materiales de los siglos XVI al XIX, independientemente de si aparece o no en el catálogo del DOF.
¿Qué sigue para el proyecto?
Actualmente, ambas partes mantienen audiencias para definir el futuro del terreno y la magnitud del castigo para el ayuntamiento. El INAH cuenta con un plazo legal de hasta tres meses para emitir una resolución final.
Entre las posibles consecuencias para la administración de Esquivel se contempla la aplicación de una fuerte sanción económica o la exigencia de la reparación del daño, lo que implicaría restaurar o reconstruir la fachada histórica que fue reducida a escombros por la maquinaria pesada.