La tensión comercial entre la segunda economía del mundo y el principal socio de Estados Unidos escaló este miércoles. El Ministerio de Comercio de China determinó oficialmente que las medidas arancelarias implementadas por México a principios de este año constituyen barreras injustificadas al comercio y la inversión. La resolución, que abre la puerta a posibles contramedidas por parte de Pekín, fue rápidamente replicada por el gobierno mexicano, que defendió la política como una herramienta necesaria para salvaguardar a la industria nacional.
El conflicto tiene su origen en el paquete de gravámenes aprobado por el Senado mexicano en diciembre pasado, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026. Esta legislación estableció aranceles que van del 5 al 50 por ciento aplicables a 1,463 productos provenientes de países con los que México no sostiene tratados de libre comercio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en diversas ocasiones que las tarifas no estaban dirigidas exclusivamente a una nación, el impacto principal ha recaído sobre las manufacturas asiáticas.
La investigación china, iniciada el 25 de septiembre de 2025 bajo el amparo de su Ley de Comercio Exterior, concluyó que estas acciones impositivas afectan exportaciones chinas a México valuadas en más de 30,000 millones de dólares anuales. Según los datos aduaneros y las estimaciones del sector reveladas este miércoles, las pérdidas directas para las industrias mecánica y eléctrica de China ascenderían a unos 9,400 millones de dólares.
El sector más golpeado es la industria automotriz y de autopartes, la cual absorbería cerca de 9,000 millones de dólares de estas mermas, un dato revelador considerando que México se consolidó como el principal destino de las exportaciones de vehículos chinos durante 2025. Asimismo, el ministerio chino alertó que las restricciones perjudicaron el flujo de productos metálicos, químicos, textiles y de la industria ligera.
Más allá de las tarifas, el comunicado emitido desde Pekín acusó la existencia de medidas no arancelarias, tales como complejos requisitos de inspección en aduanas y una aplicación estricta de las normas de origen. Para el país asiático, estas acciones representan «discriminaciones o restricciones directas o indirectas» que desincentivan las operaciones de sus empresas en territorio mexicano. En un tono firme, China declaró que se opone a la «politización, la instrumentalización o el uso de las cuestiones comerciales y económicas como arma», y advirtió que tomará las medidas oportunas a su debido tiempo para proteger sus intereses legítimos.
La defensa de México: En busca de un «piso parejo»
La respuesta de México no se hizo esperar. Desde Nuevo León, en el marco de la 82 Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, defendió categóricamente el derecho soberano del país para fijar estos impuestos.
El funcionario fue enfático al señalar que el mercado se encontraba distorsionado por importaciones que competían de manera desleal, amenazando con quebrar sectores clave y destruir miles de empleos. «Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo a favor de estas empresas, empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país», aseveró Ebrard.
Para ilustrar la urgencia de las medidas, el secretario detalló el escenario que enfrentan industrias como la del acero, el calzado y los textiles. Mencionó que el acero chino ingresaba a México a un costo aproximado de 150 dólares por tonelada, un precio insostenible para los productores locales de Monterrey y otras regiones, y sugirió que dichos productos asiáticos operaban bajo esquemas de evasión de impuestos o recibían fuertes subsidios estatales.
Esta dinámica, advirtió Ebrard, se replica en el sector automotor, donde los vehículos se comercializan a precios por debajo de su costo de producción. «Vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda», puntualizó, reiterando que estas acciones preventivas están contempladas y avaladas por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El factor geopolítico: La sombra de Estados Unidos y el T-MEC
Aunque las autoridades mexicanas rechazaron que los aranceles sean producto de presiones externas, la realidad geopolítica de la región dibuja un panorama complejo. Analistas económicos y diplomáticos coinciden en que la medida forma parte de un esfuerzo por alinear las políticas comerciales de México con las exigencias de Estados Unidos, especialmente tras los significativos aranceles impuestos a los productos chinos por la administración de Donald Trump y el creciente escrutinio sobre la presencia de capital asiático en Norteamérica.
Esta coyuntura cobra especial relevancia ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este mismo año. En las conversaciones bilaterales recientes, ambas naciones norteamericanas acordaron la necesidad estratégica de reducir su dependencia de Asia. Actualmente, México y Estados Unidos importan cerca del 90 por ciento de las sustancias estratégicas para la petroquímica y el 85 por ciento de los principios activos farmacéuticos desde la región asiática.
A medida que avanza el reloj hacia el mes de julio, fecha clave para la revisión de los avances del T-MEC, el gobierno mexicano navega entre dos aguas: mantener su competitividad y el acceso libre de aranceles para el 85 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, al tiempo que gestiona las repercusiones de su cada vez más fracturada relación económica con China. Aunque en febrero pasado el viceministro chino, Li Chenggang, sostuvo encuentros con homólogos mexicanos en Pekín para intentar destensar la relación, el dictamen emitido este 25 de marzo demuestra que la tregua comercial está lejos de concretarse.
Nota de redacción: Este artículo periodístico fue elaborado a partir de la información, datos y reportes generados por las agencias Reuters, EFE y AFP (con material gráfico de Joaquin Sarmiento); así como del trabajo de investigación y cobertura de los medios El Economista, La Jornada, El Universal, El Financiero, Aristegui Noticias, La Silla Rota, N+, y el reporte de Camila Ayala Espinosa para la revista Proceso.