En una sesión que evidenció las tensiones internas de la coalición gobernante y culminó al filo de la medianoche, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen conocido como «Plan B» de la reforma electoral. Con una mayoría calificada de 87 votos a favor y 41 en contra, el bloque oficialista logró sacar adelante las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Sin embargo, la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió una mutilación clave: la figura de la revocación de mandato quedó fuera del documento final tras el rechazo categórico del Partido del Trabajo (PT).
El revés a la esencia política de la propuesta presidencial se gestó tras semanas de negociaciones y representó la segunda ocasión en el mes que el PT condiciona su apoyo a Morena. La negativa de los seis senadores petistas obligó al partido mayoritario a retirar las modificaciones al artículo 35 constitucional, las cuales pretendían homologar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027, y eliminar los candados que impiden a la titular del Ejecutivo realizar promoción en los 60 días previos al ejercicio.
El quiebre parcial y la reserva petista
El debate, que inició la tarde del miércoles, tuvo su punto de inflexión cuando Alberto Anaya, coordinador y líder histórico del PT, subió a la tribuna. Tras un extenso preámbulo en el que reafirmó la lealtad de su bancada a la Cuarta Transformación y a la presidenta Sheinbaum, Anaya pronunció las palabras que reconfiguraron la reforma: “El PT va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución. Estaremos a favor. Pero nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”.
La postura del PT, que desató aplausos inusuales desde los escaños del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se fundamentó en el argumento de que adelantar la revocación generaría «inestabilidad» gubernamental al acortar el periodo efectivo de mandato a solo tres años. Para la oposición, sin embargo, el intento de Morena tenía un trasfondo netamente electoral: utilizar la figura presidencial como un «salvavidas político» en las boletas de 2027 frente a un supuesto declive en las encuestas.
Ante la inminente pérdida de la mayoría calificada necesaria para cualquier cambio constitucional, Morena optó por la gobernabilidad y la preservación de la alianza. Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, rechazó rotundamente que la claudicación en el tema de la revocación representara una derrota legislativa o que el Plan B quedara «descafeinado».
“Hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el Pleno. Actuamos cuidando la coalición gobernante”, afirmó Mier en los pasillos del recinto. “Hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos unieron como coalición, que es la austeridad republicana”. El legislador poblano argumentó que retirar el artículo 35 garantiza la estabilidad del país y el respaldo al Ejecutivo federal, subrayando que lograron reformar otros preceptos constitucionales junto al PT y el Partido Verde (PVEM).
Para proyectar cohesión frente a los señalamientos de fractura, los coordinadores del bloque oficialista —Mier, Anaya, Manuel Velasco (PVEM) y Geovanna Bañuelos (PT)— protagonizaron una escena de manos entrelazadas y brazos en alto en medio del Pleno. “Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas”, difundió Mier posteriormente en sus redes sociales.
Austeridad: Lo que sí sobrevivió del Plan B
Desechada la revocación de mandato, el Senado avaló los componentes del Plan B centrados en la reducción del gasto público y la reestructuración burocrática en los estados y municipios, delineando un ajuste profundo en el financiamiento de los órganos de representación local.
Entre los ejes principales aprobados destacan:
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, defendió estas medidas asegurando que eliminan prácticas que distorsionaron el servicio público. “El poder ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad”, aseveró durante su intervención. Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez sostuvo que las modificaciones a los ayuntamientos evitarán distorsiones en la representación política y orientarán los recursos hacia las comunidades bajo el principio de austeridad republicana.
Choques, acusaciones y el frente opositor
La sesión no estuvo exenta de fricciones de alto calibre. Previo a la discusión de fondo, el bloque opositor intentó frenar el proceso mediante una moción suspensiva presentada por el panista Agustín Dorantes Lámbarri, quien argumentó la falta de un análisis exhaustivo y la urgencia de priorizar la agenda de seguridad nacional. «Sin seguridad no hay desarrollo económico. Se debe recobrar el estado de derecho y la justicia», reclamó, aunque su petición fue desechada con 77 votos en contra y 39 a favor.
Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI arremetieron contra la naturaleza de la reforma. Clemente Castañeda, coordinador de MC, advirtió que las reformas electorales impulsadas exclusivamente desde el poder «generan sospechas fundadas de que su objetivo no es emparejar la cancha, sino mantener el poder». En sintonía, Alejandra Barrales resumió el rechazo opositor a la revocación simultánea señalando: “Queremos una presidenta en funciones, no una jefa de campaña”.
Desde el oficialismo, el senador Gerardo Fernández Noroña ironizó sobre la postura de la oposición, calificándola de «humor involuntario». Cuestionó que los partidos que acusan un mal gobierno se nieguen a utilizar la herramienta constitucional para remover a la titular del Ejecutivo. «Lo único que tendrían que hacer es acudir con el electorado que dicen inconforme y lograr que vote para revocar el mandato… en lugar de ello, vienen a decir que la queremos en la boleta porque Morena está en caída libre», espetó.
✅ Con 87 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de privilegios.
— Senado de México (@senadomexicano) March 26, 2026
El punto más ríspido de la noche lo protagonizó la senadora panista Lilly Téllez, quien desde la tribuna acusó a la administración federal de ser un «narcogobierno», provocando reiterados llamados al orden por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien finalmente ordenó apagarle el micrófono. Al descender, Téllez encaró directamente al senador morenista Saúl Monreal lanzándole acusaciones similares, en un conato de confrontación que amenazó temporalmente con la declaratoria de un receso.
El futuro legislativo
Con la aprobación en lo general y el procesamiento de las reservas —entre ellas, la exclusión definitiva del artículo 35 promovida por el PT—, el Senado dio salida a una reforma que, si bien consolida la agenda de austeridad en los municipios y el aparato electoral, se queda corta frente a los objetivos fundacionales planteados hace ocho meses, los cuales contemplaban una reconfiguración total de la representación proporcional y un recorte masivo al financiamiento de los partidos políticos.
La minuta fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados, donde el bloque oficialista deberá procesar los cambios avalados por la Cámara alta para concluir el trámite legislativo.
Créditos de información y fuentes periodísticas:
El presente trabajo periodístico fue elaborado a partir de la síntesis y cobertura de los reporteros Diana Benítez (El Financiero), Karina Aguilar (Diario 24 Horas), Obed Rosas (Sin Embargo), Ernesto Núñez y Elia Castillo Jiménez (El País), Gerardo Farell (El CEO), Liliana Padilla y Silvia Arellano (Milenio), y la redacción de Eje Central.