Con un consenso unánime de 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 constitucional. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo erradicar las llamadas «pensiones doradas» asignadas a exfuncionarios de alto nivel y directivos de empresas del Estado.
El dictamen establece un candado estricto: ninguna jubilación o pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario neto de la titular del Ejecutivo Federal, lo que fijaría un límite máximo de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Caos y tensión al exterior de la Cámara
Mientras al interior del recinto las distintas bancadas presentaban sus posturas, a las afueras de San Lázaro se vivieron momentos de confrontación. Un grupo conformado por jubilados y extrabajadores de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, protestaron airadamente contra la aprobación del dictamen.
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— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 25, 2026
La tensión escaló cuando los manifestantes, exigiendo diálogo, retiraron por la fuerza las vallas metálicas sobre la calle Emiliano Zapata. Tras superar el primer filtro de seguridad e ingresar a la zona de la Aduana, el contingente quemó mobiliario de oficina antes de ser encapsulado por el personal de resguardo del Congreso.
El fin de los privilegios millonarios
En tribuna, legisladores del bloque mayoritario (Morena, PT y PVEM) defendieron la reforma argumentando que responde a una necesidad de austeridad republicana y justicia social. Recalcaron que la medida no busca castigar a la base trabajadora, sino terminar con los privilegios desproporcionados de una cúpula que sangra las finanzas públicas.
Durante el debate, se expusieron cifras que ilustran la disparidad del actual sistema en el sector paraestatal:
De los cerca de 100 mil registros de jubilados de empresas del Estado, tres exfuncionarios reciben pensiones superiores a un millón de pesos al mes.
Oposición enciende alertas por retroactividad
A pesar de acompañar la votación en lo general para eliminar los excesos, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los severos riesgos legales en la redacción del dictamen.
El punto crítico de la discusión es la potencial aplicación retroactiva de la ley. La oposición alertó que modificar las pensiones de quienes ya adquirieron este derecho de manera legal tras décadas de servicio contraviene principios constitucionales básicos. Esta acción, señalaron, abriría la puerta a una ola de amparos masivos y generaría mayor incertidumbre económica. Asimismo, cuestionaron que la iniciativa fuera «selectiva», al dejar intactas las pensiones de las Fuerzas Armadas y de los exministros de la Suprema Corte.
El futuro de la reforma ahora depende de la discusión en lo particular, para la cual se inscribieron 92 oradores. El debate se concentrará en las reservas presentadas para modificar los artículos transitorios y blindar los derechos laborales ya adquiridos, antes de que la minuta sea turnada al Senado de la República.