Fotografía: La presidenta de México reiteró la prohibición definitiva para entregar nuevos permisos de extracción al sector privado.
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El Gobierno federal mantendrá un control estricto sobre el territorio nacional y sus recursos naturales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la continuidad de la política restrictiva para el sector extractivo, reafirmando que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras a empresas privadas.

Esta medida limita el desarrollo de la industria únicamente a los permisos que ya se encuentran vigentes y operados por corporaciones mineras, priorizando la protección ambiental y el control estatal sobre los minerales considerados estratégicos para la nación.

Expansión condicionada: las nuevas reglas del juego

Aunque la prohibición de nuevos polígonos de extracción es definitiva para la iniciativa privada, la mandataria aclaró que existe una única vía para el desarrollo de las empresas que ya tienen presencia en el país: la ampliación de sus proyectos actuales.

“En algunos casos (se permitirá) ampliar la minería actual que se tiene en determinados lugares, para mantener la producción”, explicó Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, esta autorización no será un cheque en blanco. Para que el Gobierno federal avale la expansión de las minas en operación, las compañías deberán cumplir de manera obligatoria con dos condicionantes innegociables:

  • Estudio de impacto ambiental: Una evaluación rigurosa que garantice la protección del ecosistema en la región afectada.
  • Acuerdo comunitario: El consentimiento previo y explícito de los habitantes de la zona, asegurando que las comunidades locales participen en la toma de decisiones.
  • LitioMx: La única excepción será para el Estado

    La restricción minera del Ejecutivo federal tiene una excepción exclusiva, enfocada en la transición energética y el resguardo de la soberanía nacional. La presidenta precisó que el Gobierno solo otorgará nuevas concesiones si se trata de la explotación de litio, y estas serán entregadas de manera exclusiva al Estado mexicano.

    “A menos que haya un lugar de litio que encontremos… ya sería explotación del Estado mexicano, como está en la Constitución. Ahí sí habría una concesión a Litiomx”, puntualizó.

    Actualmente, las autoridades federales se encuentran revisando diversas áreas del territorio nacional con potencial geológico para determinar la viabilidad de nuevos yacimientos. De concretarse, estos proyectos serán operados bajo un monopolio estatal a través de la empresa paraestatal LitioMx, cerrando definitivamente el paso al capital privado en la extracción de este codiciado recurso.

    Con esta postura, el gobierno de Sheinbaum endurece las políticas de minería responsable, exigiendo a las empresas transnacionales y locales que se ajusten a un modelo donde el cuidado ecológico y la voluntad social estén por encima de la expansión industrial.


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