Agentes de la Policía de Investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, identificado como el presunto autor del feminicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.
El crimen, que ha conmocionado a la sociedad y a las organizaciones civiles, ocurrió el pasado viernes 27 de febrero. La activista de 38 años fue localizada sin vida y con múltiples lesiones producidas por arma punzocortante al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.
El hallazgo se dio luego de que sus compañeras del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” acudieran a buscarla a su hogar, extrañadas porque no respondía el celular ni se había presentado a las jornadas de excavación. Apenas un día antes de su violenta muerte, Rubí Patricia había participado activamente en la localización del cuerpo de un hombre en un contenedor de agua, en las antiguas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Justicia para una madre rastreadora
Rubí Patricia se unió a las labores de rastreo tras la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, ocurrida a finales de mayo de 2025. Desde entonces, dedicó su vida a acompañar a otras familias en la búsqueda de fosas clandestinas en la región sur del estado.
Su asesinato se enmarca en una profunda crisis de seguridad en Sinaloa y coincidió con la visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a la entidad. Ante los hechos, colectivos como Sabuesos Guerreras A. C. condenaron el crimen, calificándolo como un «punto de no retorno en la exigencia de justicia» y una afrenta directa a la seguridad nacional.
Tras las investigaciones y trabajos de inteligencia, la FGE logró identificar y ubicar a José Manuel “N”, quien ya fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur. En los próximos días se determinará su situación jurídica por el delito de feminicidio agravado, cargo por el cual podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión.