La gestión de José Antonio Romero Tellaeche al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dejó una huella profunda en la estructura de la institución, marcada por la transformación de plazas académicas en puestos burocráticos y un desplome casi total en la generación de ciencia.
Así lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su inspección de desempeño realizada en 2023 (auditoría 2023-2-3890M-07-0043-2024), donde advirtió que el 42% de las plazas destinadas originalmente a profesores fueron asignadas a personal administrativo.
De acuerdo con la información recabada por la periodista Joyce Castillo para El Universal, de las 176 plazas asignadas para docentes, 75 se utilizaron para actividades administrativas. José Roldán Xopa, secretario general del Sindicato del CIDE (SIPACIDE), explicó al medio citado que esta irregularidad se justificó bajo el argumento de que «no habían sido autorizadas plazas administrativas», una situación que persistió al menos hasta 2025.
ASF EXHIBE CRISIS EN EL CIDE
La auditoría detectó que en 2023, de 176 plazas académicas, 75 hicieron labores administrativas (42%). Señalan caída en investigación y cuestionan la gestión de José Antonio Romero Tellaeche en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. pic.twitter.com/GXEG1q05qP
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 8, 2026
El desplome de la ciencia:cifras alarmantes
El impacto de estas decisiones administrativas tuvo un reflejo inmediato en la productividad académica. Los datos de la ASF son contundentes al comparar el desempeño del CIDE entre 2018 y 2023:
La institución atribuyó esta parálisis a la extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en 2021, derivado del decreto presidencial de 2020. Según la auditoría, esto dejó al centro sin reglas para administrar recursos de terceros, bloqueando el financiamiento externo. Aunque el CIDE presentó un «Plan de Trabajo 2025» para subsanar la observación de la ASF, el daño a la continuidad de proyectos de largo aliento ya estaba hecho.
Acusaciones de sesgo político y «purga» académica
Más allá de los números, la comunidad académica denuncia una transformación ideológica forzada. En entrevista con El Universal, la doctora en Derecho y exprofesora del CIDE, Catalina Pérez Correa, aseguró que la administración de Romero Tellaeche violó la normatividad interna para realizar «designaciones directas», evadiendo los filtros de excelencia académica.
«Se privilegiaron perfiles con afiliación política al partido oficialista por encima de las credenciales científicas», advirtió Pérez Correa, señalando casos en la sede de Aguascalientes donde se contrató a personal cuyo mérito destacable era la afiliación de militantes para Morena.
Este clima, descrito por Roldán Xopa como «adverso», provocó una «hemorragia» de talento. Programas clave, como el Programa de Política de Drogas, fueron desmantelados bajo el argumento de que sus líneas de investigación (tráfico de fentanilo, violencia y justicia) no se alineaban con las «prioridades del país».
El reto de la reconstrucción Con la salida de Romero Tellaeche y la llegada de la doctora Lucero Ibarra a la dirección, se abre una ventana para la recuperación institucional. Roldán Xopa señala tres ejes urgentes: devolver las plazas a su función académica, eliminar la contratación por honorarios y retomar los concursos de oposición abiertos.
Sin embargo, para voces como la de Pérez Correa, el cambio de mando no es suficiente si no hay rendición de cuentas sobre el manejo de recursos y las razones detrás de los despidos que marcaron el último lustro de una de las instituciones públicas más prestigiosas de México.

