A nueve meses de la tragedia en el Festival Axe Ceremonia que cobró la vida de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la búsqueda de justicia enfrenta un nuevo bloqueo institucional. A pesar de existir órdenes directas de dos jueces de control, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) se resiste a cambiar el estatus legal de las empresas organizadoras, OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo, de testigos a imputadas por homicidio culposo.
De acuerdo con información difundida por el diario La Jornada, la defensa de la familia Giles Rivera acusó al Ministerio Público de realizar diligencias «en lo oscurito». El abogado Fabián Victoria Rangel reveló que la Fiscalía ha entrevistado a los representantes legales de dichas empresas sin convocar a los asesores jurídicos de las víctimas, violando su derecho a participar en el proceso y transparentar la investigación.
#NACIONAL|| Circula un video en redes sociales del momento exacto de la caída de la estructura metálica en el ‘Axe Ceremonia’ que provocó la pérdida de dos personas.
RRSS pic.twitter.com/mUV8j10nCh
— Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) April 6, 2025
Desacato a la autoridad judicial
El litigio ha revelado una fractura entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Según los reportes, en dos audiencias de omisiones celebradas el 15 de octubre de 2025 y el pasado 7 de enero de 2026, los jueces fueron claros: existen elementos para que OCESA y Grupo Lobo formen parte de la indagatoria como presuntas responsables de los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025.
Sin embargo, la Fiscalía ha ignorado estos mandatos. «El amparo que nos otorgaron ha servido para que los jueces ordenen al Ministerio Público darles calidad de investigadas, pero no lo han hecho», señaló la defensa. Ante este incumplimiento, se ha citado a una tercera audiencia para el próximo 6 de febrero.
El caso mantiene el proceso detenido. Mientras la defensa de la familia Giles insiste en la imputación formal de las corporaciones amparada en una resolución administrativa, el asesor legal de la familia de Miguel Ángel Rojas busca avanzar con las pruebas existentes, evidenciando diferencias en la estrategia legal de las víctimas, aunque unidas por el mismo dolor.
Insensibilidad institucional: El «error» de Cultura
A la batalla legal se sumó la indignación social. La revista Proceso reportó que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desató críticas tras publicar en redes sociales una invitación a un taller de fotografía de conciertos utilizando la frase: «y no morir en el intento».
El mensaje fue interpretado por internautas y colectivos como una burla a la memoria de Berenice y Miguel Ángel, fallecidos precisamente cubriendo un concierto.
Aunque la dependencia alegó un «irremediable error de redacción» y aseguró haber contactado a los deudos para ofrecer disculpas, la familia de Berenice Giles desmintió esta versión. En declaraciones a Proceso, el abogado Victoria Rangel aseguró que ellos no han recibido ninguna comunicación ni disculpa oficial por parte de la Secretaría, contradiciendo la versión gubernamental de control de daños.
El próximo 6 de febrero será clave para determinar si la Fiscalía acatará finalmente la ley o si continuará blindando a las empresas de entretenimiento más poderosas del país frente a la muerte de dos jóvenes profesionales.
Redaccción: Oralia Galindo