Fotografía: Activistas acusan al proyecto de la ministra María Estela Ríos de violar el principio de "no regresividad" al validar la eliminación de protecciones ganadas en 2019. Crédito de la imagen a Frente por la Vivienda Joven.
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En una decisión que podría redefinir el futuro de miles de familias capitalinas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute este lunes la constitucionalidad de las reformas sobre desalojos en la Ciudad de México. Organizaciones civiles y vecinales advierten que el Máximo Tribunal se prepara para validar un retroceso histórico en derechos humanos, dejando a la ciudadanía a merced de la especulación inmobiliaria justo en la antesala del Mundial de Fútbol 2026.

La controversia gira en torno a la Acción de Inconstitucionalidad 73/2019, interpuesta originalmente por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. El recurso busca revertir la modificación al Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos local, la cual, apenas tres meses después de su aprobación en 2019, fue «mutilada» por el Congreso para eliminar garantías vitales para los inquilinos.

La SCJN ante el juicio de la historia: ¿Legalidad o Justicia?

El proyecto que se vota hoy, a cargo de la ministra María Estela Ríos González, ha encendido las alarmas. La propuesta plantea declarar constitucional la reforma que eliminó derechos clave, bajo el argumento de que si existe un mandamiento judicial, el desalojo no se considera «forzoso» ni violatorio.

Sin embargo, el Frente Contra la Gentrificación y la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) sostienen que la Corte está equivocada. Argumentan que validar la norma actual viola el principio constitucional de progresividad: los derechos, una vez ganados, no pueden eliminarse.

  • La versión original del Artículo 60 garantizaba:
  • Realojamiento en un radio no mayor a 15 kilómetros.
  • Indemnización por pérdidas materiales.
  • Audiencia previa obligatoria.
  • Uso de la fuerza pública solo como medida excepcional.
  • Con la reforma que la ministra Ríos pretende avalar, estas protecciones desaparecen, limitándose a sugerir que los desalojados «podrán solicitar» su incorporación a programas de vivienda, sin garantía alguna de inmediatez o cercanía.

    «Limpieza social» rumbo al 2026

    Para los colectivos vecinales, la prisa por validar estos desalojos «express» no es coincidencia. Arturo Aparicio, abogado de las víctimas, señaló que el sector inmobiliario busca un gobierno flexible para «limpiar» zonas de alta plusvalía antes de la llegada de la Copa del Mundo.

    “Creen que el gobierno va a estar ‘blandito’ para presionar todos sus proyectos y seguir especulando sobre el suelo. La pobreza no es un delito, pero el despojo parece ser hoy una política de Estado”, denunció la defensa de los afectados.

    El rostro humano de la tragedia: República de Cuba 11

    La preocupación no es teórica. El pasado 27 de agosto de 2025, 19 familias fueron expulsadas de su hogar en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, tras medio siglo de residencia. El desalojo, que el proyecto de la SCJN legitimaría indirectamente, estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la supuesta notificación judicial a una vecina que había fallecido cinco años atrás.

    Desde enero de 2023 hasta noviembre de 2025, la CDHCM ha recibido 81 quejas por violaciones a derechos humanos durante estos operativos, una cifra que amenaza con dispararse si la Corte falla a favor del proyecto de la ministra Ríos.

    Movilización urgente

    Ante el riesgo inminente de que se legalice la arbitrariedad, el colectivo @mariposas_mirabal y diversas organizaciones han convocado a un cierre de filas este lunes.

    La cita es a las 08:00 horas en la sede de la SCJN (José María Pino Suárez #2), donde exigirán a los ministros que no conviertan el derecho a la vivienda en «moneda de cambio» para las inmobiliarias y respeten la dignidad de quienes han construido esta ciudad.


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