En un movimiento que traslada el conflicto fiscal mexicano a la arena internacional, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego acudió este martes a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El dueño de Grupo Salinas se declaró víctima de una «persecución política sistemática», un argumento que despliega apenas dos meses después de que el Poder Judicial confirmara que sus empresas deben miles de millones de pesos al fisco.
El empresario, acompañado de su equipo legal, se reunió con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, a quien entregó un expediente de más de 100 páginas. Su narrativa busca reencuadrar los cobros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no como una obligación fiscal incumplida, sino como una herramienta de censura ejercida por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
De deudor fiscal a «defensor de la libertad»
Salinas Pliego, quien ha construido una imagen de disidente en redes sociales bajo el cobijo de su propia plataforma mediática, argumenta que el Estado utiliza su aparato administrativo para silenciarlo.
«El pleito no es conmigo, yo solo soy uno de los que hemos decidido ponernos en medio entre un gobierno autoritario… y la libertad de expresión de los mexicanos», declaró el magnate, intentando colectivizar una batalla que tiene su origen en las finanzas de sus corporativos.
Según el documento presentado, la «persecución» se sustenta en cuatro ejes: la criminalización de su crítica en más de 600 menciones durante las conferencias matutinas, un supuesto hostigamiento administrativo mediante auditorías duplicadas, la reciente Reforma Judicial y lo que él denomina un «uso político del aparato fiscal».
El elefante en la habitación:Los impuestos
La ofensiva diplomática de Salinas Pliego ocurre en un contexto ineludible: su derrota en los tribunales mexicanos. Apenas en noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la puerta a los amparos de Grupo Elektra y TV Azteca, validando créditos fiscales que, según autoridades, superan los 60 mil millones de pesos (incluyendo actualizaciones y recargos) por maniobras contables que datan de hace casi dos décadas.
Lejos de acatar el fallo definitivo de las instituciones nacionales, el empresario ha optado por litigar en la corte de la opinión pública internacional, presentándose como un perseguido político similar a los opositores de regímenes dictatoriales, aunque sus empresas continúan operando con normalidad y él mantiene su estatus como uno de los hombres más ricos del continente.
Una advertencia para el sector empresarial
En su mensaje, Salinas Pliego advirtió que su caso busca sentar un «precedente peligrosísimo» para el empresariado. Sin embargo, analistas señalan que la estrategia del magnate busca blindar su patrimonio bajo el paraguas de los derechos humanos, equiparando el cobro de impuestos con la censura periodística.
Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026
Mientras la CIDH analiza la petición —un proceso que podría tardar años—, en México la duda persiste: ¿es esta una legítima defensa de derechos fundamentales o la última carta de un oligarca para evitar cumplir con sus obligaciones tributarias?