La Patagonia arde y la tragedia ambiental se ha convertido en el nuevo epicentro de la confrontación política en Argentina. Desde mediados de diciembre, los incendios forestales en la provincia de Chubut han devorado más de 21.000 hectáreas de bosques nativos, plantaciones y viviendas, una superficie comparable a la totalidad de la Capital Federal. Mientras el fuego avanza, organizaciones ecologistas como Greenpeace y la Federación de Bomberos Voluntarios califican la situación de «ecocidio», señalando directamente a la administración de Javier Milei por el desmantelamiento de las políticas de prevención y combate al fuego.
Un escenario dantesco
Los focos más críticos, ubicados en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, se iniciaron de manera intencional el pasado 2 de enero, según confirmaron peritajes oficiales que hallaron rastros de combustible acelerante. Solo en estas zonas, el fuego consumió 12.000 hectáreas. A esto se suma la catástrofe en el Parque Nacional Los Alerces, donde árboles milenarios han sido calcinados en un área de 6.000 hectáreas.
«Por donde se lo mire es un atentado con daños que no recuperaremos en los próximos 50 años», sentenció Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut. Aunque las condiciones meteorológicas dieron un leve respiro el domingo con un descenso de temperatura y lluvias aisladas, la sequía extrema y los fuertes vientos mantienen la alerta máxima.
La «motosierra» en el manejo del fuego
Más allá de las condiciones climáticas adversas y la presencia de especies exóticas como el pino que propagan las llamas, el foco de la crítica recae sobre la gestión nacional. Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denuncian un abandono estatal sistemático.
Las cifras del ajuste son contundentes:
El presupuesto ejecutado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se redujo un 78% en 2024, pese a ser un periodo crítico.
«La crisis climática no pide permiso, pero el gobierno de Milei ha reducido los presupuestos de la Ley de Bosques a un mínimo histórico del 3,5% de lo exigido», explicó Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace.
Intencionalidad y teorías cruzadas
La confirmación de que los incendios fueron provocados ha desatado una batalla de narrativas. Mientras el gobernador Ignacio Torres promete cárcel para «los miserables» responsables y ofrece recompensas millonarias, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, intentó vincular los hechos preliminarmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una hipótesis que la Justicia local de momento descarta por falta de pruebas.
Paralelamente, en redes sociales y medios alternativos, crece la indignación por la presunta implicación de intereses inmobiliarios y extranjeros. Videos virales han señalado a supuestos turistas israelíes iniciando fuegos en parques nacionales, alimentando la teoría de que la devastación busca «limpiar» el terreno para negocios extractivos y de bienes raíces, facilitados por la desregulación económica. Aunque algunos de estos videos fueron geolocalizados en Santa Cruz y no en los focos actuales de Chubut, la sensación de que el territorio está siendo entregado al mejor postor permea el discurso social.
El saldo de la inacción
Mientras el presidente Milei elogia en redes el esfuerzo «heroico» de los bomberos y se apoya en la compra de aviones de combate F-16 por alineamiento geopolítico, en la Patagonia faltan aviones hidrantes y equipamiento básico.
«Lo que estamos viendo es el modelo libertario real: Estado ausente para cuidar vidas y bosques, pero presente para garantizar negocios», denuncian activistas locales. Con la temporada de verano austral 2026 apenas comenzando, y más de 32.000 hectáreas afectadas en la región andino-patagónica en el último ciclo, el fuego no solo quema la tierra, sino que consume la paciencia de una sociedad que ve cómo su patrimonio natural se convierte en cenizas.