Fotografía: Trump impone su mandato desde Zulia hasta Bolívar, encendiendo las alertas sobre el peligro del nuevo intervencionismo.
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Apenas 72 horas después de que los grilletes se cerraran sobre las muñecas de Nicolás Maduro en una operación militar que ha sacudido los cimientos del derecho internacional, Estados Unidos ha comenzado a cobrar las facturas de su intervención. Mientras el expresidente venezolano insiste desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn que es un «prisionero de guerra», la administración de Donald Trump ha movido sus fichas hacia el verdadero corazón del conflicto: las reservas de petróleo más grandes del mundo.

En un giro que mezcla la diplomacia de cañonero con el pragmatismo energético, el presidente Donald Trump anunció la noche de este martes, a través de su plataforma Truth Social, que las «autoridades interinas» de Venezuela —encabezadas nominalmente por Delcy Rodríguez bajo tutela estadounidense— han acordado la entrega inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos», sentenció Trump, en una declaración que elimina cualquier ambigüedad sobre quién ostenta el poder real en Caracas tras la operación Absolute Resolve.

La logística del «cobro»

El anuncio no fue una mera retórica electoral. Según confirmó Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, ya tiene la orden de ejecutar el plan «de inmediato». La logística implica el uso de buques de almacenamiento para transportar el crudo directamente a los muelles de descarga en la Costa del Golfo.

Informes de Reuters y Bloomberg detallan que representantes de Washington y Caracas ya han establecido mesas técnicas para redirigir los cargamentos. El objetivo es claro: desviar el flujo de crudo que durante la última década alimentó las economías de China y la India, para reabastecer las refinerías estadounidenses y, potencialmente, la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters advierten que este movimiento es también una medida de emergencia logística para PDVSA. El bloqueo impuesto a mediados de diciembre había saturado los tanques de almacenamiento venezolanos; sin esta salida hacia el norte, la estatal petrolera se habría visto forzada a un cierre técnico de pozos.

Chevron: El único sobreviviente

En medio del caos institucional, una entidad parece operar con inmunidad diplomática y comercial: Chevron. Según reportes de la BBC Mundo y datos de rastreo marítimo, al menos 11 buques cisterna de la petrolera estadounidense navegan ya hacia costas venezolanas o se preparan para cargar.

La compañía, que ha mantenido exportaciones de entre 100,000 y 150,000 barriles diarios gracias a licencias especiales, se perfila como el gran operador logístico de esta nueva etapa. Trump, en una entrevista con NBC News, fue tajante sobre el futuro de la industria: «Nuestras grandes compañías petroleras invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura… Vamos a dirigirlo, vamos a arreglarlo».

El mensaje para los mercados fue mixto. Si bien el anuncio de Trump provocó una caída en los precios del crudo en Asia y Wall Street —ante la expectativa de mayor oferta—, analistas consultados por Bloomberg advierten que la infraestructura de PDVSA es «oxidada» y que recuperar los niveles de producción de hace dos décadas tomará años y capital masivo. Sin embargo, el simbolismo es potente: el petróleo venezolano vuelve a fluir hacia el norte, bajo condiciones dictadas enteramente por la Casa Blanca.

El Frente Judicial y el «Cártel Fantasma»

Mientras los barriles de crudo comienzan a negociarse como botín de guerra, en los tribunales de Nueva York la narrativa que justificó la intervención militar ha comenzado a desmoronarse, o al menos, a reescribirse convenientemente.

En una revelación que The New York Times y el portal mexicano SinEmbargo comparan con las «armas de destrucción masiva» de Irak, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado sustancialmente la acusación contra Nicolás Maduro. El cambio es sutil en la forma, pero devastador en el fondo: se han eliminado las afirmaciones de que el «Cártel de los Soles» es una organización criminal estructurada y jerárquica.

De grupo terrorista a «cultura de corrupción»

Hasta hace apenas unos días, y oficialmente desde 2020, Washington designaba al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista liderada directamente por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos mandos. Sin embargo, la nueva imputación presentada tras la captura del mandatario rebaja el lenguaje.

Según el análisis de los periodistas Charlie Savage (NYT) y los reportes de EFE, la Fiscalía ya no presenta al grupo como un cártel real. En su lugar, lo redefinen como un «sistema de clientelismo» y una «cultura de corrupción» donde las élites se enriquecen protegiendo a narcotraficantes.

«Fue un invento», sentenció el periodista Jesús Esquivel en entrevista para Aristegui en Vivo. Esquivel, especialista en temas de seguridad, advierte que el juicio se convertirá en un «teatro» sustentado no en pruebas físicas de la existencia del cártel, sino en un desfile de testigos protegidos y cooperantes.

El periodista venezolano Joseph Poliszuk matiza la situación: aunque la estructura jerárquica tipo «cártel» no exista formalmente, la participación de militares en el narcotráfico es innegable. «Lo que sí está probado es a militares haciendo uso del Estado para delinquir», explicó a Aristegui en Vivo.

La contradicción de Marco Rubio

La disonancia cognitiva en Washington es palpable. Mientras los fiscales borran las referencias al Cártel de los Soles de los documentos legales para evitar un revés en la corte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, insiste en la narrativa de la línea dura. En el programa Meet the Press de NBC, Rubio volvió a referirse a la organización como un ente real y a Maduro como su «líder», evidenciando que la política exterior y la estrategia legal transitan carriles distintos.

Maduro, por su parte, aprovechó su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein para declararse «no culpable» y exigir su estatus de prisionero de guerra, una estrategia que busca politizar el juicio y deslegitimar la jurisdicción ordinaria de EE.UU. Su abogado, Barry Pollack, y el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, han solicitado formalmente que se reconozca la inmunidad soberana del mandatario, una petición que tiene pocas probabilidades de prosperar pero que sienta un precedente incómodo para la diplomacia internacional.

Reacciones y el Nuevo Orden RegionaL

La onda expansiva de la operación en Caracas y el posterior anuncio del control petrolero ha generado un terremoto geopolítico que se siente desde Ciudad de México hasta Moscú. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una de sus advertencias más graves de la última década: el mundo es ahora «menos seguro».

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la intervención «socava un principio fundamental del derecho internacional», advirtiendo que normalizar el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano abre una caja de Pandora.

La Doctrina Sheinbaum y el miedo en Bogotá

En América Latina, la respuesta ha sido liderada por México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manteniéndose fiel a la tradición diplomática de su país pero con un tono de firmeza renovada, condenó el intervencionismo. «No al intervencionismo, sí a la cooperación», declaró Sheinbaum en su conferencia matutina, rechazando la presencia de agentes extranjeros y recordando que, en la experiencia mexicana, tal injerencia «nunca ha generado bienestar».

Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por medios internacionales sugieren que, tras bambalinas, México buscará blindarse incrementando la cooperación bilateral para evitar convertirse en el próximo objetivo de la retórica agresiva de Trump contra los cárteles.

Más al sur, el nerviosismo es tangible. En Colombia, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que las Fuerzas Armadas deben estar listas para defender la soberanía ante cualquier agresión, una respuesta directa a las amenazas veladas de Trump. Gustavo Petro, presidente colombiano, observa con preocupación cómo la caída de su vecino reconfigura el mapa de seguridad regional.

El vacío en Caracas y el factor humano

Mientras los líderes mundiales debaten, en las calles de Caracas la realidad es de incertidumbre y luto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo por los «mártires» caídos durante la invasión, mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizaba funerales de honor para 24 soldados abatidos.

El ambiente es de una tensa calma. Se reportan detenciones y posteriores liberaciones de periodistas, según la Asociación Nacional de Prensa, y un estado de «conmoción» que limita las garantías constitucionales.

María Corina Machado, la líder opositora y ganadora moral de las elecciones de 2024, ha prometido regresar «lo antes posible» para capitalizar el momento e impulsar una transición democrática, aunque el control férreo que Trump ha anunciado sobre los recursos del país plantea la duda de cuánto margen de maniobra tendrá cualquier futuro gobierno venezolano que no se alinee totalmente con Washington.

Conclusión: Un precedente peligroso

La semana que comenzó con un asalto militar termina con un acuerdo petrolero. La secuencia de eventos confirma los temores expresados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: se ha sentado un «terrible precedente» donde el objetivo parece ser la apropiación de recursos bajo el manto de la justicia.

Con 50 millones de barriles en camino a Texas y la acusación legal contra Maduro reescrita para ajustarse a la realidad probatoria, el mensaje de la administración Trump al mundo es inequívoco: en el año 2026, la soberanía es negociable y el petróleo, al final del día, sigue siendo la moneda de cambio del poder global.


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