El Gobierno de México ha dado un golpe en la mesa en defensa del campo nacional. Este lunes 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía (SE) oficializó el inicio de una investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional —en su modalidad de discriminación de precios (dumping) y subvenciones— contra las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo provenientes de Estados Unidos.
La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde al clamor de la industria porcícola mexicana. Empresas líderes como Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola Mexicana y Sonora Agropecuaria, respaldadas por la Organización de Porcicultores Mexicanos (OPORMEX), presentaron un expediente de más de 70 cuartillas evidenciando una competencia imposible de sostener.
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El origen del conflicto: Subsidios masivos
El argumento central es que la competencia no es pareja. Los productores mexicanos acusan que sus contrapartes estadounidenses reciben subsidios gubernamentales (federales y estatales) en toda la cadena de valor, desde el maíz y la soya para alimento, hasta la crianza y el empaquetado.
Estos apoyos, concentrados en estados clave como Iowa, Minnesota, Illinois, Indiana y Carolina del Norte, permiten a EE.UU. exportar a precios artificialmente bajos. Según el análisis preliminar de la SE, entre 2022 y 2024, el cerdo estadounidense ingresó a México con un precio hasta 34.5% menor que el costo nacional, lo que se traduce en un margen de subvaloración promedio del 32.1%.
Las cifras del daño
El impacto financiero para la rama de producción nacional ha sido devastador. Mientras las importaciones de cerdo estadounidense crecieron un 20% en el periodo analizado —abarcando ya el 86% de las compras al exterior—, la producción mexicana se estancó y sus exportaciones cayeron un 26%.
El resultado financiero es alarmante: el margen operativo de la industria nacional se desplomó, registrando cifras negativas de -13.4% en el último año investigado. Los costos de operación en México subieron un 10%, mientras los ingresos apenas crecieron un 8%, asfixiando la rentabilidad de las granjas locales.
¿Qué sigue?
La investigación abarcará el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Aunque por el momento no se han impuesto aranceles —respetando el libre comercio actual—, la Secretaría de Economía tiene un plazo de hasta un año para determinar si impone cuotas compensatorias que nivelen la balanza.
También se ha notificado a importadores clave, incluyendo filiales de Grupo Bafar y empresas en Chihuahua y Ciudad Juárez, para que participen en el proceso. Existe la posibilidad de que el conflicto se resuelva antes, si los exportadores estadounidenses aceptan un «acuerdo de suspensión» para ajustar sus precios al alza y eliminar la ventaja desleal.