La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general una reforma integral a la Ley General de Salud que marca el fin del mercado legal para los cigarrillos electrónicos en México. Con 324 votos a favor de la alianza oficialista (Morena, PT y PVEM) y 129 en contra de la oposición (PAN, PRI y MC), se avaló la prohibición total de la fabricación, importación, distribución, publicidad y comercialización de vapeadores y dispositivos similares.
La medida, impulsada originalmente por una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y con antecedentes en decretos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca recuperar la rectoría del Estado en materia sanitaria. Además de la veda a estos dispositivos, el dictamen incluye el fortalecimiento de la compra consolidada de medicamentos y nuevas herramientas para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
¿Cárcel para el consumidor? El punto de quiebre
El debate legislativo, que se extendió por más de tres horas, se centró en la delgada línea entre la regulación comercial y la criminalización del usuario. Las reformas a los artículos 282 Quater y 452 Bis contemplan sanciones severas: multas de hasta 266 mil pesos y penas de uno a ocho años de prisión.
La oposición alertó sobre la ambigüedad del texto. Legisladoras como Irais Reyes (MC) y Ana Isabel González (PRI) advirtieron que la redacción actual podría permitir que ciudadanos que posean un vapeador para uso personal sean perseguidos penalmente, calificando la medida de «autoritaria y prohibicionista».
♀️♂️ El Pleno aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos , vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y materias que fortalecen la atención de la salud de la población.…
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 10, 2025
Ante esto, el bloque mayoritario, en voz de Ricardo Monreal y Pedro Zenteno —presidente de la Comisión de Salud—, se comprometió a presentar una reserva para modificar el dictamen en lo particular. El objetivo es aclarar explícitamente que «no se sancionará al consumidor individual», sino que el castigo recaerá exclusivamente en quienes lucren, distribuyan o comercialicen los productos.
Salud vs. mercado negro
El argumento central de Morena y sus aliados es la protección a la salud, especialmente de niños y adolescentes. Zenteno Santaella denunció que la industria ha utilizado «diseños atractivos y publicidad engañosa» para enganchar a los jóvenes, ocultando sustancias tóxicas como el formaldehído y la acroleína. Asimismo, se recordó el episodio revelado por los Guacamaya Leaks, donde se expuso que un familiar del expresidente López Obrador sufrió complicaciones respiratorias ligadas al uso de estos dispositivos.
Sin embargo, la prohibición legal enfrenta el reto de la realidad operativa. Diputados de oposición advirtieron que, al cerrar la vía legal, se entrega el control total al crimen organizado.
Esta advertencia tiene sustento en datos recientes. Una investigación del medio especializado EL CEO reveló a principios de año que, pese a los decretos presidenciales previos, el mercado negro de vapeadores no solo subsiste, sino que prospera. Según el reporte, distribuidores anónimos han logrado penetrar en instituciones educativas de alto perfil como la Universidad Anáhuac, La Salle y el Tecnológico de Monterrey, generando ventas mensuales superiores a los 100 mil pesos mediante transferencias electrónicas, e incluso comercializando dispositivos con extracto de cannabis.
Lo que sigue
El dictamen avanza ahora para su discusión en lo particular, donde se espera que se integren los candados legales para proteger a los usuarios de sanciones penales. Mientras tanto, México se perfila hacia una política de «cero tolerancia» comercial frente a los vapeadores, apostando por una estrategia restrictiva que deberá probar su eficacia frente a un mercado informal en expansión.