En una semana decisiva para el campo mexicano, la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. El documento, modificado de última hora con 50 cambios sustanciales, busca un equilibrio entre la promesa gubernamental de recuperar la rectoría del agua y las exigencias de productores agrícolas que temían perder su patrimonio.
La reforma original, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo sustituir la legislación vigente desde 1992, la cual, según la mandataria, consolidó el modelo neoliberal que trataba el agua como «una mercancía vendible» y provocó un descontrol en las concesiones.
¿De qué trata la reforma y por qué el rechazo?
De acuerdo con un reporte de N+, el corazón de la iniciativa es garantizar el derecho humano al agua y acabar con la especulación. Sin embargo, la propuesta encendió las alarmas en el sector agrícola y transportista, desatando manifestaciones recientes.
El punto de quiebre fue la incertidumbre jurídica. Carlos Estrada Valdez, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Aguascalientes, denunció previamente que la redacción original «lastimaba la economía del campo» al desaparecer la figura de transmisión de derechos. El temor era real: si un campesino fallecía o vendía su tierra, la concesión de agua no se transmitía automáticamente al heredero o comprador, sino que regresaba al Estado, burocratizando el proceso y poniendo en riesgo la producción.
Ya circula en la Cámara de @Mx_Diputados el dictamen del paquete de iniciativas en materia de aguas propuesto por nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/SDvuUC1GRX
— Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) November 30, 2025
Además, el sector criticó el riesgo de judicializar temas administrativos. La nueva ley crea un capítulo de delitos hídricos severo, con penas de 1 a 10 años de prisión y multas económicas para quien desvíe cauces, explote ilegalmente el recurso o cometa actos de corrupción en trámites, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La solución: El «Binomio Tierra-Agua»
Ante la presión social y tras foros de parlamento abierto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó la apertura a cambios. El dictamen que se discutirá este miércoles en comisiones integra una modificación crucial al artículo 49: se respeta el «binomio tierra-agua».
Esto significa que, al heredar o vender un terreno agrícola, el nuevo propietario conservará los derechos de explotación del agua en los mismos términos, volúmenes y vigencia que el título original. También se añade el concepto de «Uso Agropecuario Familiar» para proteger la subsistencia de pequeños productores.
Efraín Morales, titular de Conagua, aseguró que con estos ajustes se mantiene el espíritu de la ley: »
La nueva ley garantiza que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar… pero también vamos a terminar con el mercado negro del agua para que no se venda en beneficio de particulares»
El funcionario destacó que se busca acabar con el acaparamiento —donde grandes usuarios concentran volúmenes excesivos mientras comunidades sufren desabasto— y se creará un nuevo Registro Nacional del Agua para transparentar la gestión.
IMCO advierte: Centralización y discrecionalidad
Pese a los acuerdos políticos, el análisis técnico mantiene reservas. En entrevista con Aristegui Noticias, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), celebró que se corrigiera el error sobre la transmisibilidad de derechos y se ajustaran las sanciones, que en un inicio consideró desproporcionadas.
No obstante, Ocampo encendió focos rojos sobre dos temas que persisten en el dictamen:
Centralización: La facultad de otorgar concesiones se trasladaría de los organismos de cuenca regionales a las oficinas centrales en la Ciudad de México. «No es óptimo decidir la situación del agua en Baja California o Campeche desde Insurgentes Sur», advirtió, señalando una pérdida de visión local.
La trampa de la «disponibilidad»: El texto incluye la frase «sujeto a disponibilidad», lo que podría dar pie a negativas discrecionales de concesiones, especialmente en los 16 estados del norte y centro con estrés hídrico.
El especialista del IMCO concluyó que el verdadero reto no es solo cambiar la ley, sino aplicarla: actualmente, el 93% de las concesiones no tiene medidor y el 97% no recibe visitas de verificación, lo que facilita la sobreexplotación impune.
Se prevé que el dictamen pase al Pleno de San Lázaro este jueves, buscando ser aprobado antes de que concluya el periodo ordinario el 15 de diciembre.