Fotografía: El proyecto alerta sobre la presencia de metales pesados y busca frenar la adicción en jóvenes
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La era de los cigarros electrónicos en México podría estar viviendo sus horas finales. La Cámara de Diputados se prepara para discutir y votar este próximo martes un dictamen que contempla la prohibición absoluta de la comercialización, importación y distribución de vapeadores en todo el territorio nacional. La medida endurece la política sanitaria actual al establecer sanciones severas: multas de hasta 226 mil pesos y penas de cárcel para quienes desafíen la ley.

El proyecto, que respalda la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reformar la Ley General de Salud bajo el argumento de enfrentar una emergencia sanitaria. A pesar de la mercadotecnia que vende estos dispositivos como una opción «inocua» o de «transición» para dejar el tabaco, el documento de 829 páginas que circula en la Comisión de Salud es contundente: los vapeadores no son una alternativa segura.

El mito del «vapor inofensivo»

El dictamen técnico desmonta la idea de que estos dispositivos solo emiten vapor de agua. Según estudios citados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y expertos neumólogos, los aerosoles generados contienen un cóctel químico peligroso.

Entre los componentes detectados figuran metales pesados como níquel, plomo y cadmio, además de compuestos orgánicos volátiles como formaldehído y tolueno. Estas partículas ultrafinas tienen la capacidad de alojarse en los alveolos pulmonares, provocando inflamación crónica, estrés oxidativo y disfunciones respiratorias agudas.

La preocupación central de los legisladores es el impacto en los jóvenes. El texto legislativo denuncia «estrategias comerciales agresivas y engañosas» por parte de la industria, que mediante sabores frutales y diseños coloridos, fomenta la adicción a la nicotina en edades tempranas bajo una falsa percepción de seguridad.

Cárcel y multas: El peso de la ley

De aprobarse el dictamen en sus términos actuales, las consecuencias legales serán estrictas. La reforma no solo prohíbe la venta, sino toda la cadena de suministro: adquisición, preparación, conservación y transporte de dispositivos electrónicos de administración de nicotina.

Las sanciones propuestas son:

Prisión: De uno a ocho años de cárcel.

Multas económicas: De 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos.

Además, se prohíbe cualquier tipo de publicidad en medios impresos, radio, televisión y redes sociales, cerrando el cerco mediático sobre estos productos.

Polémica y otros alcances

Mientras el sector salud aplaude la iniciativa como un hito en la prevención de adicciones, organizaciones de usuarios y comerciantes han mostrado resistencia. Advierten que una prohibición radical, en lugar de una regulación estricta (como la venta exclusiva a adultos), podría detonar el crecimiento del mercado negro, dejando a los consumidores expuestos a productos sin ningún control de calidad.

Cabe destacar que el dictamen también aborda otros temas cruciales para el sistema de salud, como la prohibición del tráfico de precursores químicos (fentanilo), la regulación de hemoderivados y la consolidación de compras de medicamentos y equipo médico de alta tecnología por parte de la Secretaría de Salud.

La votación de este martes en San Lázaro será decisiva para definir si México se suma a la lista de países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de control de tabaco y sus sucedáneos.


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