La discusión por el dinero público en Morelos ha entrado en una fase crítica. Mientras el Congreso del Estado avanza en el análisis del Paquete Económico 2026, se ha abierto una brecha entre el Ejecutivo estatal y el sector productivo. La gobernadora Margarita González Saravia defendió la propuesta fiscal como una medida «responsable» y necesaria, mientras que la iniciativa privada condiciona su apoyo a resultados tangibles en seguridad y obras públicas.
En un encuentro con medios de comunicación, la mandataria estatal sostuvo que el presupuesto está diseñado para atender las necesidades urgentes de «La tierra que nos une». González Saravia puso el foco en el ajuste al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que pasaría del 2.5% al 3.0% en 2026.
“El acuerdo el año pasado fue que subiríamos paulatinamente al tres, y así lo estamos haciendo. Si lo aprueba el Congreso, nos vamos a emparejar con los demás estados de la República donde las tasas oscilan entre tres y cuatro por ciento”, argumentó la gobernadora, asegurando que estos recursos adicionales blindarán los programas de infraestructura económica y social.
Se admiten dictámenes de primera lectura
El Pleno aprobó ingresar como primera lectura los dictámenes relativos a la Ley de Ingresos 2026 para el Estado de Morelos y al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.… pic.twitter.com/3Fh1VWXOcA
— H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) November 20, 2025
Empresarios ponen condiciones
«No a nuevos impuestos» La narrativa oficial contrasta con la molestia de la iniciativa privada. Representantes de al menos 14 cámaras empresariales han manifestado su rechazo, no solo al ajuste del ISN, sino a la creación de cuatro nuevos impuestos cedulares.
David López Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), fue tajante en conferencia de prensa: el sector está dispuesto a cumplir sus obligaciones, pero rechaza cargas fiscales que golpeen directamente el bolsillo del generador de empleo sin ver un retorno claro. “Queremos que el recurso se vea reflejado en un cambio real: reparación de calles, mejor seguridad y educación. Además, se debe obligar a los municipios a transparentar los recursos”, exigió López Jiménez.
Por su parte, Griselda Hurtado Calderón, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denunció una falta de interlocución. A pesar de ser órganos de consulta obligada, señaló que ni el Gobierno ni el Congreso han convocado al sector para desglosar los nuevos gravámenes, por lo que urgió a una mesa de diálogo antes de la votación final.
El Congreso avanza
En el terreno legislativo, este miércoles 19 de noviembre, el Pleno del Congreso de Morelos dio entrada en primera lectura a los dictámenes de la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, así como a las leyes de ingresos de los 36 municipios.
Aunque los diputados prometieron que la aprobación no tendrá un «impacto negativo para el bolsillo de la ciudadanía», el proceso legislativo se mantiene bajo la lupa. En la misma sesión, se aprobaron por unanimidad 57 dictámenes de pensiones (jubilación, cesantía, viudez y orfandad) para trabajadores del servicio público, desahogando parte de la carga administrativa del legislativo.
La moneda está en el aire: el gobierno busca recursos para la transformación, los empresarios exigen cuentas claras y seguridad, y el Congreso tiene la última palabra en las próximas semanas.
Redactado por: Oralia Galindo