Fotografía: La FGR ya investiga el caso mientras la presidenta Sheinbaum califica el hecho como "lamentable" y promete justicia.
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Seis trabajadores agrícolas están muertos y dos más se encuentran heridos después de que elementos del Ejército Mexicano abrieran fuego contra la camioneta en la que viajaban la noche del 6 de octubre en el municipio de González, Tamaulipas. En un hecho inusual, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió públicamente la responsabilidad de sus soldados en el tiroteo.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la carretera Ciudad Mante-Tampico. Según el comunicado oficial de la Sedena, los militares se sintieron amenazados cuando una camioneta blanca «trató de embestir» a uno de sus vehículos. «Al percibir una amenaza a su integridad física», detalla el informe, los soldados «hicieron uso de sus armas».

El resultado fue devastador: cinco personas fallecieron en el lugar y una sexta murió durante su traslado a un hospital en Tampico. Las víctimas, según reportes de medios locales como Elefante Blanco, eran jornaleros que trabajaban en la región y no hay indicios de que estuvieran armados.

«No somos la guerra de Calderón»: la respuesta presidencial

Desde su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el suceso como «lamentable» y aseguró que el caso no quedará impune. «La Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Se va a revisar completamente la actuación y (estaremos) muy cerca de las familias», declaró.

La mandataria fue enfática al diferenciar la política de su gobierno de la de administraciones pasadas. «No somos la guerra contra el narco de Calderón, en donde se permitía la excepción de disparar (…). Aquí no. Solo se responde ante una agresión», subrayó Sheinbaum, insistiendo en que el uso de la fuerza letal está estrictamente regulado por la ley.

Investigación en curso y dudas sobre la versión oficial

La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por el caso, y los soldados involucrados fueron relevados de sus funciones y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. De manera paralela, la Fiscalía de Justicia Militar realiza una indagatoria interna.

A pesar de la versión oficial de la Sedena sobre un intento de embestida, la narrativa ha sido cuestionada, especialmente por la existencia de una mujer que es considerada la testigo principal de los hechos. Medios locales sugieren que la «amenaza» pudo ser simplemente que el vehículo de los jornaleros «titubeó en su ruta».

Este caso revive el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y trae a la memoria sentencias previas por ejecuciones extrajudiciales, como la ocurrida en Nuevo Laredo en 2023, marcando un nuevo y trágico capítulo en la relación entre militares y civiles en México.


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