La voz de Rosalinda Ávalos, exagente de investigación de la fiscalía potosina, resuena como un grito desesperado contra un sistema que, asegura, la ha abandonado para proteger a quienes juró combatir. “Ayúdame, me van a matar”, advirtió en 2020 cuando irrumpió en el Congreso del Estado para frenar el nombramiento de Sabas Santiago Ipiña como juez. Hoy, cinco años después del asesinato de sus dos hijos, esa advertencia es más vigente que nunca: el hombre al que señaló de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha lanzado una contraofensiva judicial que la tiene a ella en el banquillo de los acusados.
La historia, documentada en una profunda investigación del diario EL PAÍS, comenzó en noviembre de 2020, cuando dos de los hijos de Ávalos, de 18 y 20 años, fueron acribillados en la puerta de su casa. La agente, que ya había denunciado internamente la corrupción de sus compañeros y sus vínculos con el crimen organizado, no tuvo duda de que era una represalia. Su lucha alcanzó un punto crítico en febrero de 2025, cuando identificó a Sabas Santiago Ipiña, un excolega, en la lista de aspirantes a juez penal. Ávalos se presentó en el Congreso y lo denunció públicamente, acusándolo de querer influir en el proceso por el homicidio de sus hijos para liberar a los responsables. Su valiente intervención logró que Ipiña fuera excluido del proceso de selección.
La revancha: demandada con testigos del crimen organizado
Lejos de traerle paz, esa victoria marcó el inicio de una nueva persecución. En marzo de 2025, Sabas Santiago Ipiña presentó una denuncia penal y civil contra Rosalinda Ávalos por abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral.
Lo más alarmante, como confirmó la propia Ávalos, es la identidad de los testigos de Ipiña: entre ellos figura Artemio “N”, alias “El Memo”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG, y la esposa de uno de los imputados por el homicidio de sus hijos. “Al ver qué había en la carpeta me doy cuenta que sus testigos son testigos del CJNG”, denunció Ávalos en una entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Miedo, revictimización y protección insuficiente
La situación ha llevado a Ávalos al límite. “No estoy segura. Estoy muy aprensiva. Ansiosa por toda esta situación. Necesito que esto se haga público. Mi vida y la de mi hija corren peligro”, declaró en otra entrevista para W Radio. A pesar de la gravedad de las amenazas, la fiscalía estatal únicamente le ha otorgado patrullajes esporádicos en el exterior de su domicilio, una medida que su abogado, Miguel Alfonso Meza, considera totalmente insuficiente.
Rosalinda siente que el Estado no solo la desprotegió, sino que ahora la persigue. “Al estado no le importa mi caso. El Estado me está revictimizando. Ya fui víctima por el propio Estado porque los que mataron a mis hijos son policías de investigación, y ahora yo soy la perseguida”, sentenció con frustración.
⚠️ Hablé con la Policía de San Luis Potosí Rosalinda Ávalos, quien denuncia que un aspirante a juez mató a sus hijos por órdenes del #CJNG
Acudí al Poder Legislativo para denunciar al candidato, quien tuvo que ver con los hechos relacionados con el asesinato de mis hijos pic.twitter.com/EsJp0AuENG
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 25, 2025
A pesar de que hay nueve personas detenidas por el ataque armado contra sus hijos, hasta la fecha ninguno ha sido llevado a juicio. Mientras tanto, ella enfrenta un proceso legal iniciado por el hombre que acusa de estar detrás de su tragedia.
“Si algo me pasa o le pasa a mi hija, hago responsable a todas las autoridades de San Luis Potosí”, concluyó en su charla con Luis Cárdenas. Su caso ejemplifica la peligrosa inversión de roles en la lucha contra el crimen en México, donde una madre que clama por justicia se convierte en el blanco de un sistema que parece proteger a quienes ella denuncia.