«A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre». La frase, atribuida al dirigente político Alejandro Moreno Cárdenas en 2022, resuena hoy como una profecía cumplida en la estrategia contra la prensa en México. La violencia ha mutado: la censura ahora se viste de legalidad y se libra en los tribunales.
“Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la organización ARTICLE 19 documenta un máximo histórico de hostigamiento. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos de acoso judicial , una cifra que equivale a un nuevo proceso legal o administrativo contra la prensa cada cuatro días.
En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido víctimas. Esta cifra no solo representa un récord, superando en solo siete meses el total de cualquier año anterior , sino que consolida el uso de los litigios estratégicos contra la participación pública (conocidos como SLAPPs) como una herramienta para «mandar un mensaje colectivo sobre ‘temas prohibidos'». El objetivo es claro: una estrategia de desgaste de recursos económicos, legales y humanos.
La ley como arma: el abuso de la violencia de género
Una de las tendencias más alarmantes es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Creada para combatir la discriminación estructural, esta herramienta «se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder».
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Las cifras son reveladoras: prácticamente la mitad de los procesos de acoso judicial (25 de 51) se iniciaron bajo el paraguas de la VPEG. La organización externa su preocupación de que la figura «se ha desvirtuado de su propósito y está siendo utilizada de manera abusiva». Paradójicamente, este instrumento también se usa para acallar a las mujeres periodistas; el informe documenta que cinco mujeres periodistas fueron víctimas de acoso judicial por presunta VPEG.
Funcionarios públicos, los principales agresores
El informe es claro al señalar el origen del hostigamiento. De los 51 casos documentados, 23 fueron impulsados por funcionarios públicos en activo (45.10%). El poder estatal es el principal perpetrador, con 14 casos (60.87%), seguido del nivel federal con 5 (21.74%) y el municipal con 4 (17.39%). Otros 18 casos provinieron de particulares y 10 de partidos políticos o candidatos. La geografía del acoso se concentra en Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9) y Jalisco (6) , aunque el problema se extiende a 17 de las 32 entidades del país. En Veracruz, por ejemplo, ARTICLE 19 ha documentado procesos donde «una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones».
Forum shopping: la guerra en múltiples frentes
La agresividad de esta estrategia se manifiesta en el forum shopping, una táctica donde un mismo denunciante inicia procesos en distintas vías legales para someter a la víctima a un desgaste económico y psicológico. El caso del periodista Jorge Luis González en Campeche es emblemático. Además de enfrentar denuncias por VPEG, también encara procesos penales y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora Layda Sansores y su equipo. La situación ha llegado al extremo de que la judicatura local designó a un interventor (censor) para revisar sus publicaciones antes de que se hagan públicas.
Una amenaza con efecto inhibidor
El informe concluye con una advertencia sobre el futuro. La académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, advirtió que con el nuevo Poder Judicial «está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia». Esta es la sexta amenaza de acciones legales documentada en el año por parte de figuras públicas. Para ARTICLE 19, este tipo de mensajes refuerza la idea de que «los procesos judiciales no están siendo utilizados como mecanismos de acceso a la justicia, sino como escarmiento frente a la crítica», generando un profundo efecto amedrentador y de autocensura.