La investigación para recapturar a Zhi Dong Zhang, uno de los objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, enfrenta un nuevo frente de batalla, esta vez en los tribunales. La FGR solicitó una orden de aprehensión contra «Brother Wang» por el delito de «resistencia de particulares», específicamente por haber destruido el brazalete electrónico que debía monitorearlo durante su arresto domiciliario. Sin embargo, en una controvertida resolución, el juez federal a cargo del caso se declaró incompetente para conocer de la solicitud, frenando, por ahora, una de las vías legales para su persecución.
La Fiscalía ha respondido de inmediato, impugnando la decisión ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México, que ahora deberá determinar si el juez actuó correctamente o si debe proceder a emitir la orden de captura. Este revés judicial se suma a una cadena de fallas sistémicas que permitieron la evasión del capo de origen chino.
Un objetivo de alto valor y una fuga estilo «Chapo»
Zhi Dong Zhang no es un delincuente menor. La DEA lo califica como un «arquitecto financiero» de los dos cárteles más poderosos de México, responsable de traficar toneladas de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, y de lavar cientos de millones de dólares. Su importancia es tal que la Interpol emitió una ficha roja para su localización a nivel mundial.
Su fuga, ocurrida la madrugada del 11 de julio, fue una operación meticulosa que ha sido comparada con la de Joaquín «El Chapo» Guzmán. «Brother Wang» escapó de su residencia en Lomas de Padierna, Tlalpan —donde cumplía prisión domiciliaria— a través de un túnel que conectaba con una propiedad contigua. Para lograrlo, destrozó su brazalete de localización y burló la vigilancia perimetral de la Guardia Nacional.
Investigan colusión y fallas en la custodia
La evasión de Dong Zhang ha destapado una serie de irregularidades que están bajo investigación. La FGR indaga no solo a los custodios de la Guardia Nacional, sino también a funcionarios judiciales que participaron en el proceso. Se descubrió que la empresa que instaló el brazalete electrónico no estaba certificada para proveer dicho servicio de seguridad.
Este caso ya había generado críticas desde el más alto nivel. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente al juez que, en primer lugar, cambió la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Sur a un arresto domiciliario, una decisión a la que el Ministerio Público se opuso firmemente y que, a la postre, facilitó la fuga de uno de los criminales más buscados del continente.