La sorpresiva extradición de 26 narcotraficantes de alta peligrosidad a Estados Unidos no fue una concesión, sino una medida drástica y soberana para proteger la seguridad de México. Así lo afirmó este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al revelar la razón principal detrás del megaoperativo: los capos seguían dirigiendo sus imperios criminales desde el interior de las cárceles mexicanas.
En una conferencia de prensa conjunta con el gabinete de seguridad, Harfuch explicó que estos delincuentes, recluidos en cinco centros penitenciarios distintos, aprovechaban su derecho constitucional a recibir visitas para continuar ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas.
«Estos delincuentes de alto perfil, aún privados de su libertad, mantenían operaciones criminales. Era un riesgo inaceptable para la seguridad nacional», subrayó el secretario.
Capos de alto perfil y un sistema vulnerado
La lista de los 26 trasladados incluye a figuras de peso del crimen organizado, lo que dimensiona la magnitud de la operación:
Abigael González Valencia, «El Cuini», líder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de su líder, «El Mencho».
Servando Gómez Martínez, «La Tuta», exlíder del cártel de Los Caballeros Templarios.
Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato de un agente del sheriff de Los Ángeles.
García Harfuch añadió que la situación se agravaba por el uso de recursos legales por parte de los criminales. Muchos habían obtenido amparos para ser trasladados a penales de baja seguridad, lo que no solo facilitaba su comunicación con el exterior, sino que incrementaba exponencialmente el riesgo de fuga.
«El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas», insistió Harfuch. «¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, que al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana».
Un megaoperativo con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional
El operativo de traslado, realizado el 12 de agosto, fue una demostración de fuerza y coordinación. Participaron 988 elementos de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando 90 vehículos y 12 aeronaves que partieron desde la Base Aérea de Santa Lucía.
El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aclaró el fundamento legal de la acción. Explicó que, más que un proceso de extradición tradicional, el traslado se fundamentó en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y en la Convención de Palermo, lo que permite al Estado mexicano actuar de manera soberana para neutralizar amenazas.
«Para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales», sentenció Gertz Manero.
Como parte del acuerdo binacional, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los extraditados, quienes enfrentan acusaciones por narcotráfico, homicidio y otros delitos graves que podrían resultar en sentencias de cadena perpetua.