El Senado de la República se convirtió este miércoles en el escenario de una catarsis colectiva y una firme demanda de justicia. Madres, padres, hermanos e hijos de personas desaparecidas, todos aspirantes a consejeros honoríficos del Sistema Nacional de Búsqueda, tomaron la palabra no solo para presentar sus credenciales, sino para confrontar al poder con la dolorosa realidad que enfrentan: una lucha diaria no solo contra el crimen, sino también contra la indiferencia y hostilidad de las propias instituciones.
“Seré la voz de las familias, de sus desaparecidos”, sentenció Alejandrina Fabiola Orozco Romano, una madre buscadora que, como muchas otras, se ha sentido “víctima de las fiscalías”. Su testimonio encapsuló el sentir general de los comparecientes: la búsqueda de sus seres queridos los ha puesto en un camino de confrontación directa con un sistema que a menudo les falla.
Francisco Javier Espinosa, quien busca a su hijo desde hace 18 años, subrayó que su voz representa a miles y que la prevención es posible solo si se trabaja “siempre con las familias”. Por su parte, María Isabel Cruz Bernal, quien además de buscar a su hijo perdió a otro por “la tristeza y la impotencia”, fue tajante: “La participación de las familias no es una opción, sino un derecho”.
La doble tragedia: la búsqueda y la revictimización
Más allá del dolor de la ausencia, los testimonios revelaron un patrón de abuso institucional. Adela Alvarado Valdés describió la “negligencia, indiferencia y revictimización” como el pan de cada día por parte de las autoridades. “Yo no elegí ser madre buscadora ni buscar entre cadáveres o huesos, es un dolor tremendo”, expresó con la voz entrecortada.
Desde el colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas”, José Andrés Méndez Ñeco, quien busca a su hermana desde hace 12 años, enfatizó que las leyes y protocolos no son suficientes sin la empatía y el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.
Ante este panorama, los senadores de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos escucharon atentamente. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez, reconoció la legitimidad de sus reclamos: “Las y los familiares de personas desaparecidas son voces con gran autoridad moral para decirnos qué hacer y qué no hacer en esta materia”.
El proceso de designación continuará este jueves para completar los puestos del Consejo, que se integrará por cinco familiares, cuatro especialistas y cuatro representantes de organizaciones civiles, de un total de 44 aspirantes. La promesa de los familiares es clara: llegar a esos puestos para transformar el sistema desde adentro y asegurar que ninguna otra familia enfrente sola un proceso tan devastador.