La promesa de pacificar Sinaloa se ahoga en sangre. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunciaba con fanfarrias el arribo de más Fuerzas Especiales, las calles de Culiacán y Ahome se convertían en el escenario de una masacre que, tan solo el sábado, cobró la vida de 16 personas, desafiando abiertamente la masiva presencia militar en la región.
La violencia, lejos de disminuir, ha escalado en brutalidad. En el municipio de Ahome, a un costado de la carretera México-Nogales, fueron localizados cinco cuerpos. Uno de ellos, desmembrado y abandonado en una jaba de plástico, pintó la escena más cruda de la jornada. Las investigaciones confirmaron la identidad de cuatro de las víctimas: eran el padre, los dos hijos y un sobrino de Javier Alonso «N», alias «El Tito», un presunto operador delictivo asesinado días antes en el penal de Goros Dos. La familia había sido privada de su libertad el pasado 20 de julio, en un acto que se interpreta como una venganza directa en la pugna interna del Cártel de Sinaloa.
Culiacán, la capital, no se quedó atrás, concentrando nueve de los homicidios. El hallazgo de cuatro hombres ejecutados bajo un puente del boulevard Rolando Arjona, junto a otros asesinatos a quemarropa en distintas colonias, confirmó que la ciudad vive bajo un estado de sitio impuesto por el crimen, no por la autoridad.
La Paradoja: más soldados, más muertos
Defensa refuerza la seguridad en el estado de #Sinaloa.
A las 1135 horas del 27 de julio del 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del #EjércitoMexicano, despegaron a bordo de un avión C-130… pic.twitter.com/uPih4KFsXC
— @Defensamx (@Defensamx1) July 27, 2025
Este baño de sangre ocurre en un contexto desconcertante. Apenas este domingo, la Sedena desplegó a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, que se sumaron a otros 300 paracaidistas y fuerzas especiales y 1,500 soldados del Ejército que llegaron a la entidad en los últimos días.
Desde que inició la crisis de seguridad por la disputa del cártel en septiembre de 2024, el gobierno federal ha enviado más de 14,000 efectivos, incluyendo 11,000 militares, 3,200 guardias nacionales y 400 marinos. Sin embargo, las cifras demuestran el fracaso de la estrategia: más de 1,773 asesinatos y 1,781 privaciones de la libertad en los últimos nueve meses.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a «pacificar Sinaloa», la realidad de sus habitantes es otra. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI es demoledora: el 90.8% de los culiacanenses se sienten inseguros, la cifra más alta de todo México. Un dato que, como los cuerpos abandonados este fin de semana, expone la enorme brecha entre el discurso oficial y el terror cotidiano.