Fotografía: Luego de que un operativo mexicano no autorizado en su territorio el gobierno guatemalteco activó un plan de seguridad con el Ejército.
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El gobierno de Guatemala ha ordenado un refuerzo de la seguridad en su frontera con México, desplegando unidades del Ejército y la Policía. La medida fue anunciada este jueves por el ministro del Interior, Francisco Jiménez, como respuesta a una incursión no autorizada de policías mexicanos el pasado domingo, la cual culminó en una persecución y un enfrentamiento que dejó un saldo de cuatro presuntos criminales muertos en territorio guatemalteco.

Bajo el nombre de «Plan Mercurio», el operativo busca «reforzar la seguridad fronteriza […] particularmente con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes», según precisó Jiménez en rueda de prensa.

En paralelo a la acción militar, la diplomacia se ha activado. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció que la próxima semana se convocará al «Grupo de Alto Nivel Sobre Seguridad» para definir «acciones concretas» con México. «Junto a la presidenta [mexicana] Claudia Sheinbaum hemos reafirmado nuestra determinación de fortalecer la seguridad en la frontera», señaló Arévalo en la red social X, confirmando que los equipos técnicos se reunirán de forma virtual este viernes para preparar la agenda.

El incidente que desató la crisis diplomática, por el cual México ya extendió una disculpa formal a Guatemala, se originó en Chiapas. De acuerdo con la fiscalía regional mexicana, los agentes estatales perseguían a sospechosos presuntamente involucrados en el asesinato de cinco policías ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio de Frontera Comalapa. Durante la persecución, los policías mexicanos cruzaron la frontera, violando la soberanía guatemalteca.

La frontera de casi 1,000 kilómetros entre ambas naciones es una zona de alta complejidad, caracterizada por la porosidad, los pasos ilegales y la fuerte presencia de grupos del crimen organizado. Este no es el primer esfuerzo de cooperación; en agosto de 2024, ambos gobiernos ya habían acordado realizar operaciones conjuntas de vigilancia para proteger a comunidades afectadas por la violencia entre cárteles.


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