La comunidad médica y la opinión pública se encuentran consternadas tras el trágico fallecimiento de Luis Abraham Reyes Vázquez, un joven médico residente originario de Chihuahua, cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio el pasado domingo. Sus compañeros del Hospital de Especialidades No. 25 (UMAE 25) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey han denunciado públicamente que su muerte ocurrió en un contexto de presunto acoso laboral sistemático, sobrecarga de trabajo y abandono institucional.
En un desplegado y una carta difundida en redes sociales con fecha del 2 de junio de 2025, los médicos residentes del CMN 25 expresaron su «profunda tristeza, indignación y preocupación». Señalaron que el dolor que sienten «no es aislado», sino un «grito colectivo por la salud mental, la dignidad y los derechos humanos de quienes sostenemos gran parte de la atención médica en México».
Luis Abraham Reyes Vázquez se había graduado en 2023 como médico cirujano partero y contaba con una especialidad en cardiología. Este año se había trasladado a Monterrey para realizar su residencia en el Hospital 25, una institución que, según los denunciantes, cuenta con antecedentes de presunto acoso.
Los colegas del fallecido detallaron ser víctimas de «maltrato verbal y psicológico por parte de médicos titulares y de base», «amenazas constantes de represalias académicas», «cargas laborales desproporcionadas, sin descanso adecuado ni apoyo emocional», así como «humillaciones públicas y privadas» que vulneran su integridad. «Somos médicos en formación, sí, pero también somos seres humanos. Y hoy tenemos miedo de convertirnos en la siguiente víctima», manifestaron.
Ante esta grave situación, los médicos residentes han elevado una serie de exigencias urgentes a las autoridades competentes, entre ellas:
La destitución inmediata del médico titular presuntamente involucrado en el acoso sistemático.
La instauración de mecanismos formales y anónimos para denunciar abusos en todos los niveles.
Un programa obligatorio de salud mental y acompañamiento psicológico para residentes, con seguimiento real.
Que la Dirección General del IMSS, la Jefatura de Enseñanza y la CIFRHS reconozcan públicamente la situación de abuso laboral y se comprometan a resolverla.
La integración de una comisión de vigilancia y ética independiente con participación de residentes para garantizar procesos justos.
«La muerte de nuestro compañero no debe ser minimizada ni encubierta», concluye el comunicado, advirtiendo que, de no reconocerse el vínculo con las condiciones laborales y el acoso, «se estará perpetuando el mismo sistema que lo orilló al límite». Su llamado es por justicia, cambio y un IMSS que proteja también a quienes se forman y laboran en sus instalaciones.