La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México aprobó este miércoles un dictamen clave. Este avala una iniciativa que será presentada ante el Congreso de la Unión para adicionar el artículo 43 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de regular el servicio de transporte privado de pasajeros que opera a través de plataformas digitales.
La propuesta, impulsada originalmente por los diputados Alberto Martínez Urincho (MORENA), Israel Moreno Rivera (PVEM) y Pablo Trejo Pérez (PRD), tiene como fin primordial establecer las bases generales para garantizar la seguridad, protección, certeza y confort de los usuarios de estos servicios.
Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), presidente de la comisión dictaminadora, resaltó la creciente relevancia de este sector, indicando que, según datos del Diagnóstico Técnico Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024, se realizan aproximadamente un millón 62 mil viajes diarios en taxi en la capital, de los cuales el 11% corresponde al uso de taxis por aplicación. «Estamos frente a una clara transformación de las formas de movilidad urbana (…) debemos impulsar mecanismos regulatorios flexibles y eficaces», afirmó, destacando la necesidad de nuevas herramientas que garanticen el bienestar de los usuarios.
La reforma propuesta detalla una serie de requisitos mínimos para estas plataformas, entre los que se incluyen:
Herramientas digitales accesibles.
Transparencia y claridad en el cobro de tarifas, incluyendo las dinámicas.
Opciones de pago en efectivo o vía electrónica.
Información sobre geolocalización del recorrido, identificación del conductor y del vehículo.
Protección de datos personales.
Seguro de cobertura amplia y medios de evaluación del servicio.
Protocolos de seguridad personal, limpieza, devolución de objetos olvidados y atención en emergencias.
Certificaciones periódicas para conductores (no consumo de drogas o alcohol, revisión y mantenimiento vehicular).
Accesibilidad en vehículos y empatía con usuarios de grupos vulnerables.
Un aspecto fundamental de la iniciativa es que las plataformas y sus prestadores de servicios serán considerados responsables solidarios y estarán obligados a colaborar en todo momento con las autoridades competentes en investigaciones o pesquisas relacionadas con la seguridad y la justicia.
Durante la discusión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló la importancia de conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo. La legisladora Patricia Urriza Arellano (MC) abogó por que los conductores de aplicación sean considerados trabajadores y que la plataforma asuma la responsabilidad en caso de siniestros. Por su parte, las diputadas Yolanda García Ortega (PVEM) y Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) reconocieron la apertura para atender las observaciones al dictamen, en pro de los derechos de los usuarios.