En una sesión histórica y en respuesta a la creciente violencia contra la comunidad trans, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma crucial para tipificar la violencia transfeminicida, estableciendo sentencias que van de los 35 a los 70 años de prisión para este crimen de odio.
La modificación a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia busca cerrar una brecha legal y dar congruencia al marco normativo de la capital, que ya había aprobado reformas para fortalecer los derechos de las personas trans y la comunidad LGBTQ+.
La necesidad de esta legislación se ve reflejada en cifras alarmantes. La diputada promovente, Valentina Batres Guadarrama (MORENA), citó datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), que documentan 590 asesinatos de personas trans en México entre 2007 y 2022. La urgencia es palpable: tan solo en 2024 se han registrado más de 60 casos a nivel nacional, de los cuales 12 ocurrieron en la Ciudad de México.
«Las leyes deben ir acompañadas de políticas públicas efectivas, recursos adecuados y mecanismos de reparación», afirmó Batres a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, señalando que el objetivo es transitar hacia un modelo de justicia que combine la sanción penal con una profunda transformación cultural.
Una ley más incluyente y precisa
La reforma va más allá del transfeminicidio y fortalece la protección contra otras formas de agresión:
Violencia Obstétrica: Se actualiza para incluir el término “personas gestantes”, reconociendo la diversidad y garantizando una protección más amplia. Además, se tipifica la tortura sexual dentro de este marco.
Violencia Psicoemocional: Se añade el término “culpabilizar”, para reconocer como agresión el acto de culpar a la víctima por el abuso que ha sufrido, una táctica común que resta responsabilidad al agresor y causa graves daños cognitivos.
Se armonizan también las definiciones y sanciones para la violencia patrimonial, económica y sexual, dotando a las autoridades de herramientas más claras para su prevención y atención.
Al razonar su voto, la legisladora Leonor Gómez Otegui (MORENA) destacó que estas modificaciones representan un avance crucial para los derechos humanos. «Cada mujer tiene el derecho de vivir sin miedo, la violencia limita sus sueños”, enfatizó, resumiendo el espíritu de una reforma que busca hacer de la Ciudad de México un lugar más seguro para todas, todos y todes.