Una jueza federal ha dejado sin efectos la suspensión definitiva que protegía al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de ser arrestado. La decisión abre la puerta para que las autoridades cumplimenten una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en un desvío multimillonario.
La resolución fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien determinó que el exmandatario incumplió con las medidas cautelares que le fueron impuestas. Específicamente, Aureoles no exhibió la garantía económica requerida ni se presentó personalmente ante la autoridad judicial responsable de su causa penal.
Aunque la orden de captura ya puede ser ejecutada, el acuerdo judicial establece una última oportunidad para el exgobernador: la suspensión podría volver a surtir efecto si acredita el cumplimiento de ambas obligaciones antes de que se concrete su detención.
A Silvano Aureoles se le acusa de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las imputaciones están directamente relacionadas con un presunto fraude en la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán durante su gestión.
Este revés judicial para Aureoles se suma a la delicada situación legal de su círculo cercano. Apenas en marzo, cuatro de sus exfuncionarios de alto nivel fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva por este mismo caso, en el que se investiga un posible daño al erario de hasta 3,400 millones de pesos. Entre los procesados se encuentran su exsecretario de Finanzas y su exsecretario de Seguridad Pública.
La decisión de la jueza Vargas Alarcón llega también en un contexto de tensión con la Fiscalía General de la República (FGR), que el pasado 14 de mayo anunció que presentaría una denuncia penal contra la juzgadora por haber aplazado una audiencia previa del exgobernador.