Fotografía: Militantes del PRD protestan en la México-Tacuba tras la toma irregular de su sede delegacional en Cuauhtémoc; exigen respeto a su espacio y a las causas populares.
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Militantes del PRD cierran la México-Tacuba tras la toma irregular del Comité Delegacional en Cuauhtémoc. Rita Cecilia Contreras acusa a personas ligadas a Jesús Zambrano y a la diputada Mónica Sandoval; exige justicia y respeto a la militancia.

Rita Cecilia Contreras presenta denuncia despojo.

Ciudad de México, 10 de abril de 2025. La madrugada del 9 de abril, las oficinas del Comité Delegacional del PRD en la alcaldía Cuauhtémoc fueron violentadas y tomadas por personas presuntamente ligadas a la corriente interna de Jesús Zambrano y a la diputada federal Mónica Sandoval, quien llegó al Congreso por el PRD pero recientemente se unió a las filas del PRI.


Ante estos hechos, la excandidata perredista por el Distrito 12 local, Rita Cecilia Contreras Ocampo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el delito de despojo, luego de que la chapa del inmueble ubicado en la calle Gabino Barreda, colonia San Rafael, fuera cambiada sin autorización ni notificación alguna.

“El PRD debe estar al servicio de la gente, no de quienes quieren adueñarse de lo que queda del partido para seguir lucrando políticamente”, denunció Contreras Ocampo, quien lidera al sol azteca en la Cuauhtémoc. Agregó que las instalaciones, que mensualmente brindan atención a más de 1,500 familias con servicios sociales y apoyo a sectores vulnerables, no deben convertirse en botín político.

En protesta, militantes y simpatizantes cerraron la vialidad de México-Tacuba, exigiendo a las autoridades que se garantice la legalidad y se devuelva el control del inmueble a quienes verdaderamente representan las causas populares.

“El PRD está vivo en la Ciudad, pero no permitiremos que vividores de la política como Jesús Zambrano e Isaías Villa lo sigan explotando como una mina de oro”, aseveró la excandidata.

La toma de la sede se da en un contexto de creciente descontento entre la base perredista, que acusa a exdirigentes de haber contribuido a la pérdida del registro nacional del partido tras las pasadas elecciones.


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