Ciudad de México, 25 de marzo de 2025** – La presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, lograron un importante avance en su batalla legal al recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, tras ser excluidos de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este fallo, obtenido mediante un amparo, representa un respiro financiero para la pareja, que desde 2019 enfrenta acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada por un presunto desvío de casi tres mil millones de pesos. Sin embargo, su victoria no borra las sombras que aún los persiguen: la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue activa, y ellos permanecen prófugos de la justicia.
El caso, que combina farándula, poder y sospechas de corrupción, comenzó a tomar forma hace más de cinco años, cuando la FGR señaló a Gómez Mont y Álvarez Puga como presuntos beneficiarios de un esquema ilícito ligado a contratos del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Según las autoridades, se habrían utilizado facturas falsas para simular operaciones comerciales, permitiendo el lavado de dinero a gran escala. Desde entonces, la pareja abandonó la vida pública y se encuentra en paradero desconocido, con una ficha roja de Interpol emitiéndose en 2021 para su búsqueda en más de 190 países.
La UIF: el guardián financiero bajo escrutinio
La UIF, creada en 2004 como parte de la Secretaría de Hacienda, es el organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Su principal herramienta es la Lista de Personas Bloqueadas, que impide a los señalados operar en el sistema financiero mexicano mientras se investigan posibles actividades ilícitas. Entre 2014 y 2024, la UIF ha congelado 84,085 cuentas, pero un dato revelador destaca en este caso: el 26% de ellas –unas 21,960– han sido descongeladas mediante juicios de amparo, como el que favoreció a Gómez Mont y Álvarez Puga.
Bajo la dirección de Santiago Nieto durante el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la UIF adquirió notoriedad por su agresiva persecución de casos de alto perfil. Sin embargo, sus métodos han sido cuestionados. Críticos señalan que el organismo a veces actúa con base en presunciones más que en pruebas concluyentes, lo que ha llevado a reveses judiciales como el de esta pareja. Actualmente, con Pablo Gómez al frente desde 2021, la UIF enfrenta el reto de equilibrar su misión con el respeto a los derechos individuales, un debate que este caso reaviva.
Otros casos que resuenan: paralelos y contrastes
El triunfo de Gómez Mont y Álvarez Puga no es un hecho aislado. La historia reciente de la UIF está marcada por casos similares donde personajes públicos han desafiado exitosamente el bloqueo de cuentas. Uno de los más sonados fue el de **Juan Collado**, abogado de élite y amigo cercano de expresidentes, acusado en 2019 de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunque sus cuentas fueron congeladas, Collado logró descongelar parte de sus recursos mediante amparos, aunque sigue bajo proceso penal. Su caso, como el de Gómez Mont, destapó nexos entre el poder político y las finanzas opacas.
Otro ejemplo es el de **Altos Hornos de México (AHMSA)**, cuyo expresidente, Alonso Ancira, enfrentó el bloqueo de cuentas en 2019 por presunta corrupción en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex. Ancira negoció un acuerdo reparatorio con el gobierno y recuperó el control de sus finanzas, aunque su reputación quedó dañada. A diferencia de Gómez Mont y Álvarez Puga, Ancira optó por colaborar con las autoridades, evitando la fuga.
¿Victoria definitiva o respiro temporal?
La reactivación de las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga, ordenada tras el amparo en revisión 35/2024, no implica su absolución. La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación iniciada en 2019, y las acusaciones de movimientos ilícitos por tres mil millones de pesos –vinculados a contratos gubernamentales– siguen en pie. Expertos legales sugieren que este fallo podría ser un paso estratégico para negociar desde una posición más sólida, aunque su estatus de prófugos complica el panorama.
El caso trasciende lo judicial y se ha convertido en un fenómeno mediático. En redes sociales, las reacciones van desde quienes celebran el “triunfo” de la pareja hasta quienes lo ven como una muestra de impunidad. Mientras tanto, la UIF y la FGR enfrentan críticas por la aparente fragilidad de sus procesos. ¿Podrá este desenlace acercar a Gómez Mont y Álvarez Puga a un regreso a México, o es solo un episodio más en una historia que aún promete giros inesperados? Por ahora, el foco sigue encendido sobre ellos, y la opinión pública no les quita la mirada.