En un clima de creciente tensión en Culiacán, Sinaloa, aparecieron mantas en diversos puntos de la ciudad, donde se denuncian presuntos actos de desaparición forzada, señalando directamente a altos mandos militares.
Los acusados son el General de Brigada Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la 9/a Zona Militar, y el General de Brigada Héctor Jiménez Aldana, coordinador estatal de la Guardia Nacional.
Las mantas, que rápidamente generaron alarma entre la población, detallan que bajo su mando, tanto elementos de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), estarían involucrados en la desaparición de personas en sus propios domicilios, de las cuales no se ha vuelto a tener rastro.
Según las denuncias plasmadas, vehículos oficiales de la Guardia Nacional, con números de patrulla GN 26135, 26164, 27998, 26156, 26130, 28153, 28151, 29392 y 29395, así como vehículos de SEDENA con las identificaciones 30308005 y 0889307, habrían sido utilizados en estos operativos. Se asegura que en algunos casos, los números de las unidades son cubiertos para evitar ser identificados.
Estas acusaciones han encendido nuevamente el debate sobre los abusos de poder y la presunta impunidad de las fuerzas armadas en diversas zonas del país, donde las desapariciones forzadas han sido una constante preocupación entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas.
Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni la SEDENA han emitido un comunicado oficial sobre estas denuncias, lo que ha incrementado la incertidumbre y el temor en la región. La comunidad exige respuestas y, sobre todo, la aparición con vida de las personas desaparecidas.
Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una revisión profunda de los operativos militares y de seguridad pública en México, donde las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas armadas han sido constantes, pero pocas veces investigadas a fondo.