En un movimiento que podría transformar el sistema judicial mexicano, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general una reforma constitucional impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que amplía significativamente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión automática sin juicio previo.
Con el respaldo de 26 votos a favor de los partidos Morena, PT y PVEM, y 14 votos en contra por parte de PAN, PRI, PRD y MC, la reforma busca incluir en el artículo 19 de la Constitución una serie de delitos considerados de alta peligrosidad para la sociedad. Entre ellos se encuentran:
📍 Extorsión
📍 Narcomenudeo
📍 Actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas
📍 Defraudación fiscal
📍 Contrabando
📍 Actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales
🗳️📌APRUEBAN EN LO GENERAL AMPLIAR EL CATÁLOGO DE DELITOS CON PRISIÓN AUTOMÁTICA
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general una reforma constitucional del Presidente López Obrador para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Es… pic.twitter.com/DHLLeezvlW
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) August 14, 2024
Esta modificación a la Carta Magna tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves, asegurando que los acusados no puedan evadir la justicia durante su proceso legal. Sin embargo, la medida ha provocado un intenso debate en torno a su impacto en los derechos humanos y el debido proceso, dado que la prisión preventiva oficiosa implica encarcelar a una persona sin que un juez haya dictado una sentencia.
Los transitorios de la reforma indican que los Congresos estatales deberán adaptar su legislación local para alinearse con las nuevas disposiciones federales. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se administra la justicia penal en México, y su implementación será observada de cerca tanto por defensores de derechos humanos como por actores políticos.
La reforma ahora se dirige al pleno legislativo, donde se anticipa un acalorado debate entre quienes la ven como una herramienta necesaria para la seguridad pública y aquellos que la consideran una amenaza a las garantías individuales.