Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta julio de este año, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido el centro de atención por la gestión de denuncias de acoso sexual. Según una solicitud de transparencia con folio 330008524000292 elaborada por EL UNIVERSAL, se reveló que el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara ha recibido únicamente dos denuncias relacionadas con hostigamiento sexual durante este período, una en la Ciudad de México y otra en Guanajuato.
En la Ciudad de México, la denuncia involucró a un entrenador de pentatlón moderno, mientras que en Guanajuato, la acusación fue contra un entrenador de karate, vinculado a la Federación Mexicana de Karate. A pesar de la gravedad de las acusaciones, ambas denuncias fueron desestimadas por la Conade, argumentando que las personas señaladas no ocupaban un cargo o comisión dentro del servicio público federal, lo que, según la Comisión, las excluye de su competencia.
El caso en la Ciudad de México cobró notoriedad cuando el 9 de mayo, la pentatleta mexicana Tamara Vega acusó a Sergio Escalante, entonces entrenador nacional de pentatlón, de haberla manipulado para sostener una relación de pareja cuando ella era menor de edad. Vega denunció haber sido víctima de agresiones psicológicas, físicas y sexuales en el contexto de esta relación.
En Guanajuato, otro caso estremeció a la comunidad deportiva cuando Danae, una atleta de la Conade originaria de León, expuso los abusos sufridos desde los 14 años a manos de su entrenador, Axel “N”. Este caso, al igual que el de la Ciudad de México, fue ignorado por la Conade bajo el argumento de falta de competencia.
A pesar de la seriedad de las denuncias y las evidencias presentadas, la respuesta de la Conade ha sido criticada por defensores de derechos humanos y organizaciones feministas, quienes señalan la falta de mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables en el ámbito deportivo mexicano.
Estos casos reflejan una problemática estructural en el manejo de denuncias por parte de la Conade, donde la falta de responsabilidad y la omisión de acciones han dejado a las víctimas en un estado de indefensión, cuestionando el compromiso del organismo con la protección de los derechos de los atletas.