El escándalo por la presencia no autorizada de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano ha cobrado su primera factura política de alto nivel. La noche de este lunes, César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, asumiendo la responsabilidad por las graves omisiones institucionales que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadunidenses y dos mandos locales en la Sierra Tarahumara.
La precipitada salida del fiscal ocurre en medio de una tormenta política y diplomática que ha enfrentado al Gobierno del Estado con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a México con Estados Unidos. El punto de quiebre se dio tras la comparecencia de Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la unidad especializada encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
De acuerdo con el informe preliminar presentado por Chávez, el operativo que logró el desmantelamiento de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes en la historia de México estuvo marcado por la irregularidad. Los funcionarios estadunidenses viajaban en el convoy oficial, pero no formaban parte formal del despliegue, vestían ropa civil, llevaban el rostro cubierto y no portaban armas ni insignias. Su presencia, calificada como una «colaboración de carácter extraoficial», jamás fue reportada a los mandos superiores y su interacción operativa se limitó exclusivamente al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera, quien también perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaban se precipitó por un barranco de terracería la madrugada del domingo 19 de abril.
En una breve conferencia de prensa tras entregar su carta de renuncia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, Jáuregui Moreno entonó un contundente mea culpa. El ahora exfiscal admitió que la información inicial compartida con la opinión pública fue «inconsistente» y reconoció que la omisión sobre la presencia extranjera vulneró los mecanismos de control institucionales que él estaba obligado a garantizar.
«La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley», sentenció Jáuregui, lamentando que la polémica haya eclipsado un golpe histórico contra las capacidades operativas y financieras del narcotráfico. Su dimisión, argumentó, busca facilitar que las investigaciones se desarrollen con absoluta autonomía y restablecer la confianza pública.
Un conflicto que trasciende fronteras
El fatal accidente destapó una caja de Pandora que ha escalado hasta la arena geopolítica. A nivel nacional, legisladores de Morena y sus aliados han incrementado la presión sobre la gobernadora Maru Campos, exigiendo su comparecencia ante el Senado de la República para rendir cuentas sobre lo que consideran una flagrante violación a la soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante al señalar que se vulneró la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, recordando que los estados no tienen facultades para establecer tratos operativos directos con agencias extranjeras. Este episodio representa una profunda brecha en el discurso de la mandataria, quien durante todo su sexenio ha resistido las constantes presiones del presidente estadunidense, Donald Trump, para enviar fuerzas de seguridad al sur de la frontera bajo el pretexto de combatir a los cárteles. Mientras México exige el esclarecimiento de los hechos, desde Washington la respuesta ha sido áspera, acusando a la administración mexicana de «falta de compasión» ante la pérdida de sus agentes.
La Fiscalía estatal ha remitido dos carpetas de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) y ha solicitado a la representación diplomática de Estados Unidos información detallada sobre la identidad y cargos de los fallecidos. Mientras tanto, el vacío dejado por Jáuregui en la FGE abre un periodo de incertidumbre en Chihuahua, un estado clave en la logística del crimen organizado y epicentro de una crisis institucional que aún está lejos de concluir.
Nota elaborada con información sintetizada de los reportes de: Jesús Estrada (La Jornada), Elena San José (El País), DW, Proceso, Paola Gamboa (El Universal), Forbes México, Alexa Cirel (Infobae), Hugo Hernández (El Financiero) y JC Ponce (Excélsior).