El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un golpe sin precedentes contra la cúpula política y de seguridad del estado de Sinaloa. Un gran jurado en Nueva York emitió una contundente acusación formal en contra del actual gobernador, Rubén Rocha Moya, y varios de sus más cercanos colaboradores, señalándolos de conformar una asociación delictuosa en contubernio con «Los Chapitos», la facción más poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial emitido este mes de abril, las autoridades estadounidenses acusan a los funcionarios de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de brindar protección institucional, facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, e incluso colaborar en actos de violencia extrema y espionaje institucional.
La lista de imputados incluye figuras de primer nivel en la política estatal y nacional: el actual senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
A ellos se suma la cúpula armada del estado: el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y altos mandos de las policías de investigación, estatal y municipal, como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
El pacto electoral y las nóminas del crimen
La investigación estadounidense detalla que la relación entre la actual administración y la organización criminal se consolidó a principios de 2021. Según la acusación, Rocha Moya y su equipo de campaña sostuvieron reuniones custodiadas por sicarios fuertemente armados con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López. En dichos encuentros, los líderes criminales presuntamente se comprometieron a operar para asegurar el triunfo electoral de Rocha Moya, utilizando tácticas de intimidación, robo de urnas y secuestro de opositores políticos.
u.s._v._ruben_rocha_moya_et_al._indictment_spanish_versionA cambio de llegar al poder, señala el documento, Rocha Moya habría prometido entregar el control de la seguridad del estado a perfiles afines al cártel. Una vez en funciones, los mandos policiales designados presuntamente se integraron a una «nómina» mensual administrada por el «jefe de plaza» de Culiacán, recibiendo pagos que oscilaban entre los 30 mil y los 300 mil pesos mensuales a cambio de impunidad total.
Traición y sangre: la cacería contra la DEA
Entre los cargos más graves del documento destaca la colusión directa de las autoridades en crímenes de sangre. Las fuerzas policiales de Sinaloa no solo tenían órdenes de no detener a los miembros de «Los Chapitos», sino que activamente arrestaban a sus rivales y filtraban información clasificada sobre operativos militares y de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
El nivel de infiltración llegó a un punto crítico en octubre de 2023, cuando el comandante municipal Juan Valenzuela Millán habría utilizado patrullas y recursos del Estado para secuestrar a un informante confidencial de la DEA (identificado como Alexander Meza León) y a sus familiares. Las víctimas fueron entregadas a los sicarios del cártel, quienes los torturaron y asesinaron en represalia por cooperar con la justicia norteamericana.
Este encausamiento marca un hito en la persecución binacional del narcotráfico, evidenciando que la epidemia de fentanilo que azota a Estados Unidos —y la ola de violencia que asfixia a México— se sostienen gracias a una profunda red de corrupción gubernamental que hoy, desde las cortes de Nueva York, ha comenzado a ser expuesta.