Ante la urgencia de garantizar un entorno seguro para quienes protegen el territorio nacional, México presentó durante la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, los avances sustantivos de su hoja de ruta nacional. Lejos de ser considerada únicamente una agenda ecológica, el gobierno federal ha elevado este tratado regional al rango de «política transversal de Estado», con el objetivo de erradicar la violencia contra los defensores ambientales y democratizar el acceso a la justicia.
Durante la sesión de Implementación Nacional en Bahamas, la delegación mexicana, liderada por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, expuso que a cuatro años de la ratificación del acuerdo, el país ha dejado atrás la teoría para dar paso a la instrumentación estratégica a corto, mediano y largo plazo.
Gobernanza y sustentabilidad: El nuevo bloque interinstitucional
El pilar de esta nueva etapa es la conformación de un Grupo Interinstitucional de Alto Nivel. El hecho de que este grupo esté encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) envía un mensaje claro: la protección ambiental es un asunto de política interior y gobernanza democrática.
A este esfuerzo se suman la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este bloque ha logrado alinear los principios de Escazú con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, asegurando que el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental dicten el rumbo de las políticas públicas al más alto nivel.
La metodología implementada, basada en estándares de Naciones Unidas, no solo permite articular estas metas con el Sistema Nacional de Seguimiento de Derechos Fundamentales, sino que incorpora de manera inédita la perspectiva de género. A través de indicadores con enfoque interseccional, el gobierno mexicano busca visibilizar los impactos diferenciados del cambio climático y garantizar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones ecológicas.
La deuda de sangre con los defensores del territorio
La aceleración de estos trabajos responde a una realidad ineludible. La urgencia de aplicar el Acuerdo de Escazú choca de frente con el saldo de la violencia en el país: tan solo en 2025, organizaciones civiles documentaron el asesinato de 10 ambientalistas y defensores del territorio. En lo que va del 2026, la cifra ya suma al menos tres víctimas mortales, siendo el caso más reciente el de Lázaro Mendoza Ramírez, férreo defensor de la región lacustre de Zirahuén, en Michoacán.
#COP4Escazú | En la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, la delegación mexicana, encabezada por la procuradora federal @mariana_boy, presentó los avances del país en su implementación.
Estos avances establecen acciones concretas a corto, mediano y… pic.twitter.com/2MoxeDtesu— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) April 23, 2026
Para que las metas presentadas en Nassau no se queden en el papel, Semarnat y Profepa informaron que el documento inicial de esta hoja de ruta no está cerrado. Tras concluir la COP4, el proyecto será sometido a un proceso de consulta pública profunda donde organizaciones civiles, la academia, el sector privado, comunidades indígenas y los propios defensores del ambiente podrán enriquecerlo.
Con esta estrategia, México busca concluir el año con un documento fortalecido que sirva como modelo de aprendizaje y cooperación regional para toda América Latina y el Caribe, dejando en claro que la defensa de la naturaleza debe ser, ante todo, un derecho garantizado por el Estado.