A más de tres meses del trágico descarrilamiento en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que cobró la vida de 14 pasajeros y dejó a un centenar de heridos en Nizanda, Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) dio un polémico «carpetazo» a las investigaciones contra las autoridades responsables de la obra. En un anuncio oficial, la dependencia exculpó a la Secretaría de Marina (Semar) y a la empresa operadora, centrando toda la responsabilidad penal en tres trabajadores que hoy parecen perfilarse como los chivos expiatorios de fallas estructurales históricas.
En un mensaje de 12 minutos emitido este miércoles, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, presentó el «Informe conclusivo de la investigación Caso Tren Interoceánico». De acuerdo con la fiscal, el accidente del pasado 28 de diciembre de 2025 derivó exclusivamente de un «exceso de velocidad negligente, atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo», quienes supuestamente circulaban a 65 kilómetros por hora en una curva pronunciada.
#EnVivo Mensaje a medios por la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, con relación a la investigación del Tren Interoceánico.
— FGR México (@FGRMexico) April 8, 2026
La fiscalía descartó cualquier falla en la superestructura, asegurando que las vías, durmientes y balasto cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. Con base en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportadas también por N+ y por el periodista Rubén Mosso para Milenio, la FGR exoneró a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, según detalló Diana Lastiri en Proceso.
¿Justicia o chivos expiatorios?
A pesar de la contundencia oficial, las evidencias periodísticas e independientes dibujan un panorama distinto que apunta a una grave omisión institucional. Un reportaje de Carlos Carabaña Ruíz del Árbol para El País reveló que la misma orden de aprehensión contra los trabajadores contiene pruebas de fallas técnicas severas: un cambio abrupto entre durmientes de madera y concreto justo en el punto del accidente, una bitácora que advertía un «alto desgaste» en las cejas de las ruedas, vagones construidos en la década de 1980 y licencias de operación vencidas años atrás, evidenciando una grave negligencia corporativa por permitirles laborar en esas condiciones.
Además, desde Eje Central se destacó que familiares de los acusados —como la hija del maquinista— han calificado de «falso» el supuesto exceso de velocidad, denunciando que están peleando contra el aparato gubernamental. Actualmente, el conductor y el jefe de despacho están vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas, mientras que el maquinista continúa prófugo. En un giro legal favorable para la paraestatal, Diego Joaquín Hernández precisó en La Silla Rota que la empresa otorgó el perdón por el delito de daños en bienes.
Las víctimas: indignación y reparación pactada
Mientras el peso de la ley recae sobre la tripulación, el dolor y la incertidumbre persisten entre los sobrevivientes. En un foro organizado por la Universidad Iberoamericana, reseñado por Mariana Domínguez Batis, la sobreviviente Yoalli Romero relató el terror vivido en el tren repleto, la falta de auxilio inmediato y el aislamiento del lugar. «Seguimos teniendo muchas más preguntas e indignación que respuestas», sentenció. En dicho espacio, especialistas en Ingeniería Civil advirtieron que el siniestro es producto de una falla sistémica al operar con material rodante heterogéneo sobre vías diseñadas hace más de un siglo.
Por su parte, el Gobierno Federal ha movido la maquinaria para cerrar el frente social de la crisis. La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, anunció la conclusión del proceso de reparación integral del daño. Eduardo Dina en El Universal y Alexa Cirel en Infobae documentaron que 145 víctimas (114 adultos y 31 menores) firmaron acuerdos reparatorios con confidencialidad en los montos económicos, logrando así la extinción de la acción penal contra la empresa. La dependencia presumió el despliegue de 236 servidores públicos para garantizar apoyo médico, psicológico y jurídico bajo un «enfoque humanista».
Hoy, a 101 días de la tragedia, el Estado mexicano asegura haber cumplido. Sin embargo, para las víctimas, los deudos y los analistas técnicos, el saldo final deja un sabor amargo: una indemnización económica que silencia el litigio corporativo, vías y trenes cuya seguridad sigue en entredicho, y tres trabajadores enfrentando en solitario el peso de 14 muertes bajo la sombra de la negligencia estatal.
(Créditos de información y fuentes documentales: FGR, Carlos Carabaña Ruíz del Árbol / El País, Diana Lastiri / Proceso, Diego Joaquín Hernández / La Silla Rota, Eje Central, Mariana Domínguez Batis / IBERO, Rubén Mosso / Milenio, N+, Alexa Cirel / Infobae, Eduardo Dina / El Universal).