La crisis de violencia que golpea a la industria minera en Sinaloa sumó un nuevo y doloroso capítulo. La empresa canadiense Vizsla Silver Corp. confirmó este lunes la identificación forense de dos trabajadores más, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón (este último originario del Estado de México), con lo que asciende a nueve el número de mineros localizados sin vida tras ser secuestrados a finales de enero.
Los 10 colaboradores de la firma fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero por un comando armado, ligado presuntamente a una célula de «Los Chapitos», mientras se encontraban en un campamento y en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, en la sindicatura de Pánuco.
Días después, el 3 de febrero, autoridades federales localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde con 10 cuerpos en su interior, de los cuales nueve ya han sido confirmados como los empleados de la minera, incluyendo a Ochoa y Tapia.
A través de un comunicado oficial, Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver, lamentó el fatal desenlace. “Es profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias. Honramos la memoria de nuestros colegas a través de nuestro compromiso con sus familias y con las comunidades de las que formaban parte», señaló.
VIZSLA SILVER CONFIRMA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN CONCORDIA
La empresa Vizsla Silver informó que fueron identificados los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón, tras los recientes hallazgos en Concordia. Con ello, nueve de los diez colaboradores… pic.twitter.com/UGpmmruQby
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 6, 2026
La Cámara Minera de México (Camimex) se sumó a las condolencias, emitiendo un pronunciamiento de solidaridad ante lo que catalogaron como «una tragedia que entristece profundamente a toda nuestra comunidad minera».
Hasta la fecha, el único trabajador que permanece en calidad de desaparecido es Antonio Esparza Yáñez, de 67 años de edad, quien fungía como gerente de relaciones comunitarias de la empresa.
Clamor por justicia y lentitud en las investigaciones
Pese a que en febrero la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de cuatro personas en posesión de pertenencias de las víctimas —como identificaciones, celulares y una computadora—, los deudos denuncian un estancamiento en el proceso judicial.
En una entrevista concedida al espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, Jaime Castañeda, abogado de las familias de los mineros, denunció la falta de avances y apoyo. «El tema se está quedando en el olvido, pedimos justicia para que pueda darse una reparación integral del daño», exigió el litigante, precisando que hasta el momento la compañía canadiense no ha realizado ninguna reparación económica por voluntad propia.
El violento suceso ha encendido las alertas sobre la inseguridad para los trabajadores en la región, un tema que ha generado amplio seguimiento por parte de corporaciones de noticias como N+, que previamente reportaron el riesgo y las desapariciones en zonas mineras aledañas como El Rosario. Por ahora, las familias continúan a la espera de que las autoridades esclarezcan el caso y entreguen los cuerpos restantes.