En una medida excepcional y de carácter urgente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) solicitó desde Ginebra al Secretario General de la ONU remitir la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. La decisión, basada en el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, responde a indicios bien fundados de que en el país se han cometido y se siguen perpetrando desapariciones forzadas como «crímenes de lesa humanidad».
El organismo internacional concluyó que se han producido múltiples ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil en distintas regiones. Si bien el CED aclaró que no encontró pruebas de una política a nivel federal orquestada para cometer estos crímenes —descartando acciones u omisiones deliberadas desde el más alto nivel gubernamental—, advirtió que la «guerra contra las drogas» detonó las condiciones para estos ataques locales.
La #CDHCM reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de capacidades institucionales con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas.https://t.co/ZqfU168C1z pic.twitter.com/oagoZqhzx3
— Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) April 4, 2026
Ante la postura de la administración federal mexicana, que argumenta que las desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por el Estado, el Comité fue tajante. Destacó que ha recibido información fundamentada sobre la participación directa, autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos. Además, recordó que bajo el Estatuto de Roma y la propia Convención, los actores no estatales u «organizaciones» criminales también cometen crímenes de lesa humanidad cuando sus ataques son sistemáticos.
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», sentenció Juan Albán-Alencastro, presidente del CED.
La magnitud del horror y el borrado de registros
El panorama estadístico presentado por el organismo es devastador y advierte que no hay mejoras sustanciales desde su visita en 2021. Se estima el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, sumado a cerca de 72 mil restos no identificados. Las autoridades, señala el CED, «siguen desbordadas».
A esta crisis se suma una nueva amenaza documentada por el diario británico The Guardian, que encendió las alarmas de los colectivos de búsqueda. Según una investigación del medio, el Estado mexicano estaría manipulando los registros oficiales para «borrar» a los desaparecidos, utilizando cruces de bases de datos gubernamentales para reclasificar a más de 40 mil personas, presumiendo que siguen con vida sin presentar pruebas físicas.
«Lo que está haciendo el gobierno es ilógico e indignante. En lugar de buscar a nuestros desaparecidos, los están desapareciendo», denunció a The Guardian María Herrera Magdaleno, lideresa del movimiento de madres buscadoras.
Fractura institucional y el llamado de las familias
El escrutinio internacional y la presión mediática han provocado un choque frontal. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han rechazado que exista una práctica generalizada que constituya crímenes de lesa humanidad.
Esta cerrazón ha fracturado a los organismos defensores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desestimó el informe de la ONU, acusándolo de basarse en posturas «sesgadas» de ONG. En abierto contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) valoró el llamado del CED como una oportunidad vital para fortalecer el diálogo, mejorar las acciones del Estado y atender las causas estructurales.
El procedimiento de la ONU busca facilitar cooperación técnica, forense y financiera, así como establecer mecanismos de verdad y protección. Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que aglutina a más de 90 colectivos, esta es una «oportunidad histórica». Las familias urgen a dejar de lado el debate técnico y han lanzado una invitación abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sostener una mesa de trabajo directa. Para ellas, la exigencia sigue intacta: encontrarlos, identificarlos y regresarlos a casa.
Nota de la redacción: Elaborado con base en el pronunciamiento oficial del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, así como información y reportes de The Guardian, La Jornada, Agencia EFE, Infobae (Itzallana López Castillo), Diario de México (Israel Campos Montes), Diario 24 Horas (Karina Aguilar), Reforma (El Diario MX), ADN 40 (Ximena Ochoa) y comunicados de la CDHCM y el MNDM.