En lo que defensores de derechos humanos han calificado como una escalada histórica en la persecución y el despojo, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes 30 de marzo de 2026 una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento a prisioneros palestinos. La medida, que ha despertado el firme repudio global, consolida un sistema de justicia asimétrico que apunta letalmente contra la población ocupada en Cisjordania.
Con 62 votos a favor y el aval del primer ministro Benjamin Netanyahu, la ultraderecha israelí logró consumar una de sus mayores amenazas. La ley estipula que la pena capital será el castigo por defecto en los tribunales militares, instancias que juzgan exclusivamente a palestinos y que ostentan una tasa de condena cercana al 96%. Estas condenas, advierten organizaciones civiles, se basan frecuentemente en confesiones extraídas bajo presión, maltratos y tortura sistemática.
Una ley diseñada para la discriminación y el castigo
La brutalidad de la reforma radica en su evidente aplicación selectiva y racista. Mientras que los palestinos de Cisjordania enfrentarán la horca dictada por tribunales castrenses —eliminando el derecho de apelación y la necesidad de un fallo unánime de los jueces—, los colonos y ciudadanos judeoisraelíes continuarán siendo procesados por tribunales civiles. La legislación incluye cláusulas que blindan de facto a los israelíes que cometan crímenes de corte nacionalista, reservando la pena de muerte únicamente para los palestinos.
«Esta ley refleja el Estado fascista en el que se está convirtiendo Israel. Es una ley muy discriminatoria que viola el derecho internacional», denunció Sahar Francis, abogada palestina radicada en Ramala. En sintonía, Suhad Bishara, directora legal de la ONG Adalah, advirtió que la norma institucionaliza «el asesinato estatal a sangre fría» y «viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial».
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Prisioneros Palestinos alertaron que esta legislación busca dotar de un oscuro amparo legal a lo que en la práctica son ejecuciones extrajudiciales y crueles represalias políticas, profundizando la naturaleza persecutoria de la ocupación en los territorios palestinos.
Condena global ante la deshumanización
El principal promotor de la ley, el extremista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, celebró la aprobación de la reforma portando con orgullo un pin con forma de soga dorada en la solapa, un acto que ilustra la retórica de odio que impulsó la normativa desde sus inicios.
No obstante, la comunidad internacional ha emitido un enérgico rechazo. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y diversos países europeos advirtieron que legislar sobre una población ocupada es una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Yuli Novak, directora ejecutiva de B’Tselem, sentenció que «Israel está alcanzando un nuevo mínimo en la deshumanización de los palestinos, consagrando su trato cruel en la legislación estatal».
Ante la urgencia, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) ya presentó un recurso para frenar la normativa ante el Tribunal Supremo, en un intento desesperado por detener una ley que no solo amenaza inminentemente la vida de miles de palestinos, sino que consagra de manera legal un régimen de apartheid judicial ante los ojos del mundo.
Fuentes y Créditos de Información:
Redacción elaborada a partir de los despachos informativos y análisis periodísticos de:
Agencias Internacionales: AFP (Alice Chancellor y Gianluca Pacchiani), The Associated Press (AP), Reuters, EFE, Europa Press.
Medios Internacionales: Deutsche Welle – DW (Tania Krämer), BBC News Mundo (Sebastian Usher), El País (Antonio Pita), CNN Mundo (Tal Shalev), Euro News, Proceso, Infobae, Sin Embargo y The Times of Israel.