Frente a la alarmante estadística de que tres de cada cuatro menores de edad con padres separados en el país no reciben pensión alimenticia, el Congreso del Estado de México analiza una reforma al Código Civil estatal para agilizar y endurecer los mecanismos legales contra la evasión de esta responsabilidad. La medida central busca otorgar a las autoridades judiciales la facultad de ordenar, de oficio, el aseguramiento de bienes para garantizar este derecho.
Con esta modificación legal, la protección económica de las infancias dejaría de depender exclusivamente de que la parte afectada lo solicite durante el desgastante proceso judicial. Ahora, los jueces estarían facultados para actuar de manera preventiva y dictar las medidas de garantía necesarias de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
La iniciativa, impulsada por la diputada local de Morena, Itzel Daniela Ballesteros Lule, plantea que el aseguramiento de los alimentos pueda ejecutarse a través de vías contundentes, tales como la hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o el descuento directo de los ingresos del deudor, o bien, cualquier otra medida que el juez considere suficiente para cubrir las necesidades.
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— Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) March 19, 2026
Durante la sesión de la LXII Legislatura mexiquense, se expuso la gravedad de esta problemática en la entidad. De acuerdo con cifras oficiales presentadas, el padrón estatal cuenta con casi 14 mil personas inscritas como deudoras alimentarias, con el registro de 690 nuevos individuos tan solo entre los años 2023 y 2024. Estos números, se advirtió en el pleno, evidencian la urgencia de transitar de un modelo reactivo a uno que garantice el cumplimiento efectivo.
Al interior del recinto se argumentó que asegurar el pago de la pensión alimentaria va más allá de un trámite legal; representa la diferencia para que un menor pueda asistir a la escuela con lo necesario, acceder a servicios de salud y gozar de una vida digna. Por ello, se enfatizó que la intervención judicial no debe ser una herramienta discrecional, sino un mecanismo ineludible de justicia familiar para salvaguardar el desarrollo integral de las infancias.