Carlota «N», la mujer de la tercera edad que acaparó los titulares nacionales en abril de 2025 tras disparar contra presuntos «paracaidistas» que invadieron una propiedad familiar, saldrá de la cárcel en las próximas horas para continuar su proceso judicial bajo la figura de prisión domiciliaria.
Durante una audiencia celebrada este martes 17 de marzo, un juez del Poder Judicial del Estado de México autorizó el cambio de medida cautelar. La decisión fue fundamentada en peritajes médicos privados que advirtieron un grave deterioro en la salud de la adulta mayor, de 74 años, quien padece enfermedades crónico-degenerativas y enfrentaba riesgo de muerte súbita en reclusión.
Para acceder a este beneficio, la defensa deberá cubrir una garantía económica de 250 mil pesos. Además, Doña Carlota deberá usar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte, firmar periódicamente y tendrá estrictamente prohibido acercarse a las víctimas o testigos. La restricción domiciliaria la cumplirá en la casa de uno de sus hijos, en el municipio de Chicoloapan.
El origen de la tragedia
El caso que dividió a la opinión pública ocurrió el 1 de abril de 2025 en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe. Tras denunciar penalmente el despojo de un inmueble perteneciente a su hija y no obtener respuesta expedita, Carlota acudió al lugar acompañada de sus hijos Eduardo y Mariana.
En un suceso captado en video, la mujer accionó un arma de fuego contra los ocupantes que se negaban a desalojar el predio. El saldo fue de dos hombres muertos (de 19 y 51 años) y un adolescente de 14 años herido.
#Detenida. Elementos de la @SS_Edomex, así como Policías municipales de #Chimalhuacán y #Chicoloapan, junto con la #FiscalíaEdoméx, detuvieron a Carlota "N", investigada por su probable intervención en hechos registrados el pasado martes 1 de abril, que causaron la muerte a un… pic.twitter.com/EaqWLwnSJ8
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 2, 2025
Se prevé que la «abuela de Chalco» abandone el Centro Penitenciario entre este viernes y sábado. Sin embargo, esto no significa su absolución; la investigación sigue su curso y ella, al igual que sus dos hijos —quienes permanecen en prisión preventiva—, enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, delitos que en el Estado de México pueden alcanzar penas superiores a los 40 años de cárcel.
El episodio ha reabierto un intenso debate sobre la crisis de despojos inmobiliarios, los límites de la legítima defensa y la desesperación ciudadana ante la inacción de las autoridades. Cabe destacar que, a la par de este proceso, la familia logró acreditar legalmente la propiedad de la casa y uno de los líderes invasores ya fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de despojo.