El Poder Judicial de la Federación (PJF) vive su primer gran sacudida disciplinaria tras la reciente reforma judicial. La Comisión de Disciplina del TDJ ordenó la suspensión inmediata de dos magistradas integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en Tamaulipas, acusadas de maniobrar ilegalmente para blindar al exgobernador priista Eugenio Hernández Flores contra la extradición a Estados Unidos.
Las funcionarias suspendidas, Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho —quienes llegaron al cargo a través de la elección judicial de 2025—, fueron desalojadas de sus oficinas por personal del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Un fallo exprés tras siete años de letargo
El caso que detonó la sanción tiene un largo historial. En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avaló la extradición de Hernández Flores para que enfrentara a una Corte de Texas por asociación delictuosa y lavado de dinero. Tras el rechazo de un amparo inicial, la defensa impugnó y logró que el asunto quedara congelado en un Tribunal Colegiado gracias a un recurso de recusación contra el magistrado presidente.
El expediente permaneció inactivo durante siete años, hasta que, a principios de diciembre de 2025, las hoy suspendidas dieron un giro drástico al caso. Según el TDJ, sin que el asunto estuviera en la lista pública de sesión, las magistradas resolvieron el incidente, modificaron la sentencia original y concedieron el amparo definitivo al exgobernador.
El único voto en contra de esta resolución fue del magistrado de carrera Guillermo Cuautle Vargas. Las juzgadoras argumentaron que México, y no Estados Unidos, tenía la jurisdicción «preferente e ineludible» para juzgar los delitos, y que la Cancillería había ignorado una opinión jurídica no vinculante.
El tribunal de disciplina suspendió a dos magistradas por haber otorgado un amparo al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández
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— Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) March 12, 2026
Invasión a las facultades del Ejecutivo
El TDJ determinó que las magistradas emitieron resoluciones «contrarias a constancias procesales» y suplieron indebidamente las deficiencias jurídicas del acusado. Además, subrayó que la decisión de extraditar a una persona es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal, basada en la soberanía nacional y la reciprocidad internacional, un criterio previamente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, puntualizó que mantener a las funcionarias en sus cargos habría puesto en duda su imparcialidad y profesionalismo, afectando gravemente la impartición de justicia.
Mientras avanza la investigación que podría derivar en sanciones mayores, las magistradas permanecerán suspendidas. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que un eventual castigo administrativo contra ellas no revertiría el amparo ya otorgado a favor del exgobernador tamaulipeco.