Fotografía: La dependencia precisó que las sanciones por el manejo sanitario de alimentos corresponden a otras autoridades.
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una aclaración contundente para frenar la desinformación: la dependencia no impondrá multas de hasta 4 millones de pesos a los establecimientos que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.

La controversia surgió a raíz de unas declaraciones erróneas emitidas por el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas. El funcionario local había afirmado que se preparaban sanciones económicas e inmovilizaciones para los comercios que incurrieran en estas prácticas de reparto, argumentando violaciones a las normas de etiquetado e higiene.

Ante la alarma generada en el sector, la oficina central de la Profeco intervino para desautorizar dichos señalamientos, subrayando que en ningún estado de la República tiene facultades para sancionar a los proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos. Esas atribuciones recaen en otras dependencias sanitarias.

¿Qué sí puede verificar y sancionar la Profeco?

Para dar certidumbre tanto a los comerciantes como a los compradores, la Procuraduría detalló cuáles son sus verdaderas atribuciones legales en la comercialización de este producto básico. Su objetivo es garantizar relaciones de consumo justas mediante las siguientes acciones:

Vigilancia de precios: A través del Acuerdo Maíz-Tortilla y el programa Quién es Quién en los Precios, se monitorean los costos en más de 600 tortillerías del país.

Transparencia comercial: Se verifica que los establecimientos tengan los precios publicados a la vista del público y que estos sean respetados sin cobros indebidos.

Kilos de a kilo: La dependencia realiza la calibración constante de las básculas para evitar abusos en el peso del producto.

Cumplimiento normativo: Supervisa las disposiciones comerciales de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, relativa a los productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

La institución reiteró que su misión fundamental es proteger la economía y los derechos de los consumidores, brindando orientación y habilitando canales formales, como las oficinas de la Odeco y el sistema Concilianet, para la atención de quejas por abusos comerciales.


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